Un país más verde
Francisco Chahuán 
Diputado.
Pasaron 15 años desde que se promulgara la Ley Nº 19.300, sobre Bases Generales del Medio Ambiente, para que nuevamente se diera un gran paso en esta materia al aprobarse en la Cámara Baja el Mensaje que busca rediseñar su institucionalidad. Creando una orgánica que incluye un Ministerio del Medio Ambiente y un Consejo de Ministros para la sustentabilidad, entre otras figuras de carácter técnico.
La nueva Secretaría de Estado tendrá, entre otras, atribuciones tales como proponer las normas de calidad ambiental y de emisión, administrar el Registro de Emisiones y Transferencias de Contaminantes y una que resulta especialmente significativa: fomentar la participación ciudadana en la formulación de las políticas, planes, normas y en el proceso de evaluación ambiental estratégica.
Esta institucionalidad también contempla una Superintendencia del Medio Ambiente –con amplias facultades fiscalizadoras – y el Servicio de Evaluación Ambiental, afecto al régimen de Alta Dirección Pública, que administrará el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental y también facilitará la intervención ciudadana en el examen de proyectos.
Más allá de ciertos aspectos perfectibles –como que los recursos de reclamación contra resoluciones de la Superintendencia se interpongan ante las Cortes de Apelaciones y no ante los Juzgados de Letras, dada su saturación– estamos frente a un gran logro.
No obstante, quizás incluso más que sus aspectos técnicos, quiero destacar el avance que implica en materia de vinculación de la ciudadanía con el tema. Lo cierto es que lo sucedido en Aysén con el polémico proyecto Hidroaysén, tal vez hubiera sido sencillamente impensable con esta nueva
institucionalidad.
No olvidemos que, pese a que más de un tercio de los servicios públicos de esa región reclamó la ilegalidad y falta de información necesaria para evaluar su EIA con propiedad, el Intendente Selim Carrasco dio el paso para que la empresa respondiera las observaciones, en circunstancias que los informes de los organismos especializados apuntaban al rechazo.
En definitiva, el punto es que los asuntos técnicos, que más encima tienen que ver con la salud de las personas y los ecosistemas, no pueden quedar en manos de autoridades políticas que reciben órdenes de sus superiores jerárquicos. Por de pronto, el sólo hecho de contar con un Ministerio de Medio Ambiente reivindica un concepto con el que Chile está en deuda. Nuestro país es rico en energía y debemos hacernos cargo de incursionar en el uso de fuerzas tales como la eólica, geotérmica y solar, que no sólo han demostrado su viabilidad técnica, sino también económica.
Quizás hoy pueden tener un costo más elevado que las convencionales, pero todo indica que es el momento de empezar a invertir en esa dirección, con la certeza de los beneficios sociales, económicos y medioambientales que tiene una decisión de este tipo para los países y el mundo en el largo plazo. Cuando hablamos de estos temas, la conversación no se puede limitar a los costos que, en todo caso, han disminuido significativamente.
De todas formas, hay cuestiones que quedaron pendientes, como una propuesta de rediseño de institucionalidad en materia de Biodiversidad y áreas protegidas, así como en el ámbito forestal, la que motivó un protocolo de acuerdo entre la Ministra Ana Lya Uriarte y un grupo de diputados de la Comisión respectiva, que pretendíamos fortalecer a través de la creación de una subsecretaría.
La nueva institucionalidad medioambiental supone un nuevo escenario para Chile.
Está de más decir que hay que esperar a que empiece a funcionar para evaluar sus efectos, pero dudo que sea demasiado aventurado afirmar que se trata de un escenario que ya es mucho mejor.