“Violencia escolar”: de Aula Segura al adoctrinamiento ideológico

Por Fabian Cabaluz D, Docente Escuela de Pedagogía en Historia y Ciencias Sociales, UAHC.

El anuncio efectuado por la Ministra de Educación, con respecto a la elaboración de un proyecto de ley para enfrentar el “adoctrinamiento ideológico” en los establecimientos educativos del país, no nos puede dejar indiferentes ni debemos analizarlo con liviandad, pues nuevamente, y tal como lo hicieron desde el momento en que instalaron la discusión sobre aula segura, están invocando desde el gobierno el problema de la “violencia escolar”.

Marcela Cubillos, Ministra de Educación del actual gobierno nos quiere hablar de violencia escolar. Sí, aunque a simple vista parezca una broma de mal gusto, debe ser remarcado, desde el gobierno de Sebastián Piñera nos quieren hablar de violencia.

Desde nuestra perspectiva es relevante señalar de entrada que, los anuncios de Marcela Cubillos con respecto al proyecto de ley contra el “adoctrinamiento ideológico”, debemos engarzarlos en dos trayectorias de continuidad en lo que refiere a políticas educativas, una desarrollada a nivel nacional y otra a nivel latinoamericano.

En primer lugar, y en lo que refiere a una trayectoria de continuidad a escala nacional, el proyecto anunciado recientemente, viene a reafirmar las posiciones político-ideológicas de la derecha en lo que refiere a políticas educativas, pues se encuentra completamente enlazada con la Ley Aula Segura (aprobada el 27 de Diciembre del año 2018), la cual plantea en términos generales: un fortalecimiento de las facultades de los/as directores/as de las escuelas y liceos en materia de expulsión y cancelación de matrícula en caso de violencia física o psicológica a algún integrante de la comunidad; la incorporación de nuevas causales de expulsión y cancelación de matrícula, tales como la tenencia, porte, uso, activación de armas, artefactos explosivos, daños a infraestructura, entre otros; y acelera los plazos para las expulsiones, estableciendo la “separación preventiva” del estudiante, mientras se investigan los hechos (garantizando el “debido proceso”).

Los argumentos esgrimidos por el Ministerio de Educación para promulgar la polémica Ley Aula Segura, se sustentaron por un lado, en la lentitud de los procesos de expulsión de estudiantes de acuerdo con lo que estaba estipulado en el DFL N°2/1998, la Ley sobre Violencia Escolar (2011) y la Ley de inclusión (2012); y por otro, en mostrarse como una salida eficaz contra el problema de la inseguridad en las escuelas, pues permitía frenar la violencia física y psicológica hacia el profesorado y los/as trabajadores/as de la educación.

Cada uno de los argumentos señalados, fue rebatido por especialistas en materia de convivencia y violencia escolar y por organizaciones estudiantiles y docentes, pues se sostuvo de un lado que, si existían antecedentes y herramientas legales para enfrentar la violencia escolar, y de otro que no existían estudios o investigaciones que pudieran mostrar que este tipo de leyes, llamadas de “tolerancia 0”, pudieran disminuir la violencia escolar. Se acusó así, de ser una Ley únicamente punitiva, que poco se asociaba con los intereses formativos y éticos de una educación pública, inclusiva y democrática, pues tampoco establecía políticas de prevención pedagógicas ni psicosociales.

Por lo anteriormente señalado, la Ley Aula Segura, era a los ojos de especialistas y de organizaciones estudiantiles, una iniciativa legal que se debía inscribir en un modelo de educación mercantil, neoliberal, que privilegiaba la segregación y la exclusión; se debía comprender como una política directamente focalizada en la desarticulación y criminalización del movimiento estudiantil secundario quienes, como todos/as los/as chilenos/as sabemos, han sido durante lo que va del siglo XXI, el motor de los movimientos sociales y las fuerzas transformadoras en este país.

La aplicación de la Ley Aula Segura, desde marzo del año en curso, sólo ha mostrado resultados vergonzosos y escandalosos, la brutalidad del accionar de fuerzas especiales de carabineros en los liceos emblemáticos, la revisión “aleatoria” de mochilas y las brutales agresiones a estudiantes secundarios y comunidades educativas, la violencia cotidiana vivida por la comunidad educativa del Instituto Nacional, no pueden ser fácilmente olvidadas por la sociedad civil. Lo anterior sin mencionar que aún no se publica el informe anual de la superintendencia de educación donde se nos informará a toda la sociedad sobre las repercusiones reales de la aplicación de la Ley.

En segundo lugar, debemos constatar que el proyecto de ley contra el “adoctrinamiento ideológico”, presentado mediáticamente por la ministra de educación, tiene una clara línea de continuidad y evidente influencia proveniente de los sectores conservadores de Brasil, específicamente, de organismos como “todos por la educación” y “escuelas sin partido”, lo que da cuenta a su vez, de una concertada agenda política por parte de los gobiernos derechistas de América Latina y una bolsonarización del gobierno de Piñera.

Como han denunciado numerosos/as investigadores/as, organizaciones sociales y sindicales del campo educativo brasilero, las iniciativas promovidas por “todos por la educación” y “escuelas sin partido”, deben comprenderse como respuestas políticas de las elites ante la amenaza de frenar al lucro y finalizar sus privilegios de clase; son propuestas políticas que avanzan en la criminalización del sujeto pedagógico (docentes, estudiantes y comunidades educativas); son proyectos que intentan perseguir a los sujetos políticamente activos en las luchas contra el neoliberalismo y el capital, promoviendo incluso la delación entre los/as integrantes de las comunidades educativas; son iniciativas políticas que negando el carácter ético-político del acto de educar, enfatizan en el carácter “técnico”, “neutro”, “universal” del conocimiento escolar, oponiéndose de esta manera al desarrollo del pensamiento crítico y la construcción de escuelas democráticas. En fin, son señales políticas de un “conservadurismo rabioso”, como le llamó Gaudencio Frigotto, de una concepción educativa y pedagógica que reivindica el individualismo, la meritocracia, la educación de mercado y el fundamentalismo religioso.

Coherentemente con lo planteado, el anuncio de la ministra Cubillos de la presentación de un proyecto de ley contra el “adoctrinamiento ideológico”, anudado a la Ley Aula Segura, dan cuenta -una vez más- de una fuerza política y social que aborrece la posibilidad de democratizar la riqueza socialmente producida y la construcción de un estado que garantice y promueva derechos sociales (educación, salud, vivienda, etc.). Son elites que desprecian la posibilidad de una educación pública, laica, gratuita, pertinente, democrática, plurinacional, no sexista, etcétera. Son grupos de poder que, ante las demandas sociales por democratizar la educación y la cultura escolar, responden con lógicas autoritarias, excluyentes y profundamente violentas.

Sólo para finalizar esta columna, nos interesa apuntar dos cosas. En primer lugar, no parece baladí, recordarle a la ministra que el gobierno del cual forma parte ha ejercido la violencia estatal de facto más brutal que ha conocido el país en estos años de postdictadura. Desde el 18 de octubre del año 2019 hasta la fecha, ya van decenas de miles de detenidos, miles de heridos por la represión de las “fuerzas de orden”, más de doscientos compañeros/as con graves daños oculares y de visión por disparos de perdigones directos al rostro, varias decenas de acusaciones de abusos y violaciones sexuales, de casos de prácticas de tortura y más de una veintena de chilenos/as asesinados. Ministra Marcela Cubillos, antes de darnos leccioncitas de violencia escolar, recuerdele a sus colegas del gobierno, que serán juzgados de manera política, penal y popular. No permitiremos que el manto de la impunidad los proteja una vez más. Los lienzos demandando toda la verdad y toda la justicia, estarán presentes en cada jornada de movilización, en cada espacio organizativo y de lucha que se levante en esta larga y angosta faja de tierra.

Y finalmente, parece importante visibilizar que desde las organizaciones sociales, estudiantiles, sindicales, gremiales y populares que trabajamos y luchamos por transformar el sistema educativo basado en el lucro, la exclusión y el fetiche de la libertad de enseñanza, hemos pensado el problema de la violencia escolar totalmente a contracorriente de los planteamientos del gobierno, es decir, asumiendo el desafío de la democratización radical de las aulas y las escuelas, y en este sentido, hace décadas se vienen madurando varias ideas y experiencias que apuestan por la construcción colectiva de normas de aula, la promoción de relaciones dialógicas y horizontales, la participación equitativa de todos/as los/as niños/as y jóvenes, el ejercicio de la escucha activa incentivando la construcción colectiva de ideas, ejercitando la retroalimentación permanente, constructiva y asertiva, promoviendo el cuidado en el aula, poniendo freno a las agresiones de todo tipo, levantando prácticas educativas de cooperación y apoyo mutuo, ensayando formas de evaluación colectiva y comunitarias, construyendo espacios de deliberación comunitaria en temáticas de relevancia para las escuelas, entre muchísimas otras. Es decir, desde hace décadas que estamos prefigurando -como decía un referente político e intelectual italiano- en el aquí y el ahora, algunas formas de la educación porvenir.