Vocera de la Suprema: pensiones alimenticias impagas muestran la desigualdad de género

Gloria Ana Chevesich informó que el Poder Judicial ha recibido un total de 505.761 escritos relacionados a la retención del 10% de las AFP, de las cuales ya se han decretado 259.450 medidas cautelares de fondos.

La ministra del máximo tribunal destacó, en un encuentro virtual con periodistas de medios de prensa, que “los juzgados con competencia en Familia han debido realizar un enorme esfuerzo para resolver en muy poco tiempo todas las solicitudes presentadas para retener estos fondos», detallando que la cifra de escritos relacionados a fondos previsionales se relaciona a 305.235 causas de alimentos; mientras que respecto a retenciones sobre el bono de clase media se han recibido 50.262 solicitudes, con 32.292 cautelares dictadas.

“Se debe tener en consideración que diariamente se están presentando cinco mil solicitudes de retención de fondos en los tribunales con competencia en Familia. Desde fines del julio y hasta ahora se han recibido, procesado y resuelto las solicitudes, enviando a Previred la resolución respectiva. Lo anterior gracias al compromiso de jueces y funcionarios de tribunales tanto de Familia como también de otros tribunales, que han colaborado prestando apoyo. Asimismo, agradecemos a quienes se desempeñan en la Corporación Administrativa del Poder Judicial, administraciones zonales y especialmente a los profesionales del Departamento de informática. Vaya nuestro enorme reconocimiento a todos quienes que han colaborado con tan ardua labor”, señaló.

En este sentido, la portavoz recordó que si bien se ha completado una etapa del proceso de solicitud a nivel masivo, «ahora se inicia otra, que dice relación con el proceso de liquidación de las deudas por concepto de pensión alimenticia, para determinar en definitiva cuál es el monto que debe ser aplicado a esta retención del 10% para saldar esta deuda por pensión alimenticia. Se trata de un proceso complejo que tiene diversas etapas, pues una vez efectuada la liquidación se debe poner en conocimiento de los litigantes, que tienen un plazo de diez días para objetar».

Con miras a este trabajo de largo aliento, Chevesich dio cuenta que “se están preparando los equipos necesarios para apoyar esta labor, teniendo presente la restricción presupuestaria que afecta al Poder Judicial, derivada de la contingencia sanitaria. Estamos en un proceso de emergencia no solo sanitaria sino que también económica, y por eso estamos realizando todo el esfuerzo posible para determinar prontamente los montos los montos y así señalar a la AFP cuánto es el dinero que debe depositar en la cuenta dispuesta por la alimentaria, parte demandante en la causa, y también si queda algún saldo para entregar al respectivo afiliado”.

En un sentido más amplio, la vocera de la Corte Suprema apunto que “con independencia a este esfuerzo y al debate instalado sobre las deudas por concepto de pensión alimenticia, creo que no podemos simplemente solo apuntar el problema que ha surgido de la contingencia específica y excepcional con el retiro de los fondos de administradores de pensiones (…) la necesidad alimentaria existe y como sociedad tenemos el deber de enfrentar esta problemática como asunto de Estado, ya que visibiliza y hace patente la desigualdad de género que persiste en nuestra sociedad, la que se traduce en una violencia económica de parte de muchos hombres que se desentienden de sus obligaciones, dejando en manos de las mujeres de la responsabilidad de asegurar las condiciones económicas para sus hijos, vulnerando de esta manera los derechos de niños, niñas y adolescentes a tener un nivel de vida adecuado”.

“Esta desigualdad de género y de vulneraciones de los derechos de niños, niñas y adolescentes –continuó la ministra- si bien es reprobada por nuestra sociedad, se sigue produciendo. Por lo tanto debemos esperar que esta coyuntura sirva no solo para dar respuesta a la situación concreta (…) sino que permita abordar el problema en su integralidad. Como sociedad hemos ido avanzando en visibilizar la desigualdad de género así como la necesidad de hacer efectivos los derechos de niños, niñas y adolescentes, pero sabemos que aún nos falta mucho por avanzar. El Poder Judicial tiene un rol fundamental, pero forma parte de un sistema normativo e institucional complejo. En este sentido, la mesa de trabajo que lleva adelante el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género es prueba de ello y es una buena oportunidad, que podría ser coherente con esta mirada y objetivos. El Poder Judicial comprometió ya su participación en esta instancia de trabajo que ojalá logre obtener medidas para paliar esta situación no solo actualmente, sino para lograr efectivizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes”.

 

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