Violencia policial contra niños mapuche: La herida oculta del conflicto
¿Quién golpea la puerta?
Desde que el denominado conflicto mapuche se agudizó en Ercilla con la cuestionada muerte del comunero Jaime Mendoza Collío (24), a quien el cabo de Carabineros Miguel Jara Muñoz disparó por la espalda, la recuperación de tierras retornó con violencia en comunas como Lautaro, Galvarino, Vilcún y Victoria, viéndose extremada la fuerza policial en el desalojo de predios ocupados como ocurrió el jueves 1 en el fundo “La Romana” del agricultor René Urban, en Ercilla, atacado once veces por comuneros de la Comunidad Temucuicui, donde resultó herido en su frente el menor F.M.M (10) por un supuesto disparo de Carabineros.
En el accionar de las policías, comuneros, abogados querellantes, la Pastoral Indígena de la Iglesia y organizaciones civiles, entre otros, denuncian abuso de violencia policial en desalojos y allanamientos. Por ello, el diputado Jaime Quintana, junto al alcalde de Ercilla, José Vilugrón, llevó ante la UNICEF y la Comisión de Derechos Humanos del Congreso, la situación de vulnerabilidad en que viven niños mapuche de sus comunidades. Hecho que el Servicio de Salud Araucanía Norte constató en el 2004, cuando decidió intervenir y diagnosticar a menores de la Comunidad Cacique José Guiñón de la misma comuna, mediante el informe elaborado por la psicóloga Rosa Sepúlveda, cuyos resultados comprobaron daño físico y psicológico como irritabilidad y sentimiento de rabia producto de presenciar “golpes con puño, con armas, amenazas, disparos al aire y presencia de alto contingente policial sumado a allanamientos reiterados con destrozos de sus viviendas”, cita el informe.
“Los jueces dictan una orden de detención contra una determinada persona que vive en una comunidad indígena, pero ésta no da derecho a que Carabineros patee todas las puertas de la comunidad. Las principales víctimas son los niños, a quienes se les genera un daño psicológico irreparable al ver cómo sus padres son maltratados por efectivos de Fuerzas Especiales, tal cual lo constatan informes periciales, incluso de Gobierno”, explica el abogado Jaime Madariaga, representante de la familia Mendoza Collío y de otras familias afectadas, quien acusa que los allanamientos efectuados por el GOPE de Carabineros suelen ser ilegales y abusivos.
En su visita secreta a Chile, el Relator de la Niñez de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Paulo Pinheiro, invitado por la Red de ONG de Infancia y Juventud Chile, se reunió en privado con el lonko de la comunidad Huañaco Millao, Juan Curinao, quien contó los graves abusos de los que son víctimas los menores en Ercilla. “El relator se sorprendió por la violencia que se ejerce contra los niños en los allanamientos, donde son baleados y maltratados por Carabineros. Incluso a mí la policía me disparó en las piernas cuando me acerqué junto a otros peñis a levantar el cuerpo recién muerto de Jaime”, contó el lonko a Pinheiro, acompañado por un menor (14) quien relató la tortura recibida de manos de Carabineros cuando fue apresado por participar junto a otros 50 estudiantes mapuche en la toma del Liceo Alonso de Ercilla de la comuna en julio pasado, exigiendo el cese de la “militarización” en sus comunidades.
En la reunión, Pinheiro confidenció: “la relatoría recibió alegatos de fuentes confiables sobre problemas que estarían afectando a niños y adolescentes interrogados en escuelas sin mediar una orden judicial. Esto, sumado al daño físico y psicológico debido a allanamientos, detenciones y apuntamiento con arma por parte de personal policial en las zonas de conflicto. Principalmente, a hijos de dirigentes indígenas detenidos o condenados”.
Abusos que han sido grabados por las mismas comunidades y subidos a YouTube, donde es posible ser testigo de sus crudos relatos. Los mismos que dibujan armas y Carabineros peleando con sus padres en el jardín infantil de la Comunidad Huañaco Millao, y quienes cambiaron el palín por las boleadoras para “jugar a los enfrentamientos” en el recreo, informó el sostenedor Juan Catrío a la Junta Nacional de Jardines Infantiles de la región, a principios de septiembre pasado, en un informe que habla de trastornos del sueño, angustia ante el ruido de helicópteros y miedo a la presencia policial en los 21 niños menores de 5 años que asisten; situación reconocida por la institución que anunció acciones.
Què pasa con este gobierno que reprime igual que los milicos?
hay que ser valiente pa echarse a los pacos encima, porque como bien dice el reportaje: su palabra es ley en este país de ciegos. felicitaciones!!! artículos como este hacen grande a un país.
Excelente reportaje. gran tema que nadie se ha atrevido a tocar. felicitaciones a los periodistas y a la revista por publicarlo.
Excelente el contenido, estos son asuntos de suma importancia, que muchos no teníamos idea que ocurría esto, solo aquello que nos muestran en las noticias televisivas respecto de este conflicto es lo que sabemos.
Gracias por informar a quienes participaron en este reportaje.
Si lo que dice este reportaje es cierto, es de suma urgencia frenar estos actos y juzgar a quienes resulten responsables, vulnerar derechos que son normados internacionalmente y del cual chile es partícipe me parece una aberración.
Lamentablemente los derechos solamente son reales cuando se llevan a la práctica, algo que en este caso, obviamente no ha ocurrido.
«El futuro de los niños es siempre hoy, mañana será tarde». Grabriela Mistral.
Felicitaciones por el reportaje (excelente) y por el premio, muy merecido.
Sra. Helen Ortega, Coordinadora OPD Malleco Sur:
Miente al decir que los Tribunales de Familia acogen sólo denuncias por vulneración grave a los derechos de la infancia, pues no es correcto. Los jueces de dichos tribunales dictan sentencias para casos de mediana y leve complejidad también, los cuales son derivados para intervención en Programas de Intervención Breve financiados por Sename y que poseen profesionales que abordan las problemáticas relacionadas con la reparación de las consecuencias psicológicas de las vivencias de maltrato infantil.
El Sename y los sistemas de protección de derechos a la infancia, al invisibilizar la vulneración hacia la infancia mapuche por parte del Estado chileno, ejercen una nueva vulneración, siendo cómplices de estos delitos.
No nos tapemos los ojos, y reconozcamos nuestro racismo expresado en ineficacia institucional.