El negocio que imaginas… existe!
![Francisco Martorell]()
«Los coejecutores de la ley abrieron la puerta para que esto ocurriera y los que tenían que supervisar su correcta aplicación, miraron al techo. Ello porque no todos los beneficiados Valech podían seguir cursos superiores sino solo aquellos que los habían interrumpido por el accionar de la dictadura»
Escribe Francisco Martorell / Director El Periodista
El programa de TVN, “Esto no tiene nombre”, tocó en su edición del miércoles 7 de abril la denuncia que la revista El Periodista llevó en la portada de la edición del 14 de septiembre de 2007, es decir hace casi tres años.
En la oportunidad, bajo el título “El millonario negocio Valech de la Uniacc”, se contó latamente en qué consistían los beneficios para las personas acogidas a la ley 19.992 y, además, cómo una alta casa de estudio, la Universidad de Artes, Ciencias y Comunicación, había montado un sistema para captar a todos aquellos que su denuncia de que habían sido torturados o sufrido prisión política, entre 1973 y 1990, fue acogida por la comisión que dirigió el obispo Sergio Valech.
En ese momento, como hoy, se ignoraba la forma en que la Uniacc obtuvo una lista reservada del ministerio del Interior donde figuraban nombres, direcciones, teléfonos y hasta correos electrónicos de las víctimas de la dictadura.
Pudimos certificar, sin embargo, el número de becarios (luego de una insistente búsqueda en el Mineduc) y que muchos de ellos fueron tentados con computadores o recompensas por inscribirse en los cursos, algunos especiales, que la entidad creó para tal efecto. Incluso, mencionamos la captación en el exterior, como en Suecia, donde la embajada de Chile fue el lugar elegido para contarles a los compatriotas en el exilio de las bondades de estudiar, por internet, desde Estocolmo, Malmö o Gotemburgo en la universidad privada de Chile. Dijimos entonces, y lo repetimos hoy, que la Uniacc encontró una veta que explotó sin consideración alguna, dentro de una ley que lo permitía a medias, pero al filo de lo éticamente aceptable.
La investigación de TVN, que aportó nuevos antecedentes, mostró cuán certeros fuimos en la nuestra.
Gracias a esa portada de El Periodista y a la repercusión que causó en algunos parlamentarios , especialmente de la oposición de entonces, y en agrupaciones de ex presos políticos, se le puso un freno a la situación en el mismo 2007, no total, pero sí importante. No es efectivo, entonces, como dicen algunos, que nada ocurrió y se escandalizan por ello. TVN masificó el tema pero con la información de El Periodista, los que quisieron operar, lo hicieron. Incluso se ofició a la Contraloría.
Despejado este tema, cabe preguntarse cómo se llegó a tal situación y por qué el Estado permitió que una buena causa, la justa reparación a las víctimas de tortura y prisión política, terminara en un escándalo televisivo. La respuesta parece simple: porque los coejecutores de la ley abrieron la puerta para ocurriera y los que tenían que supervisar su correcta aplicación, miraron al techo. Ello porque no todos los beneficiados Valech podían seguir cursos superiores sino solo aquellos que los habían interrumpido por el accionar de la dictadura. Así lo establecía el reglamento que fue publicado en el Diario Oficial el 4 de febrero de 2005. El Mineduc, según el artículo 4º de la normativa, tenía que estudiar los antecedentes del postulante y aprobarlos, para luego entregar los recursos a la universidad privada o estatal que recibiría al becario beneficiado. Ello, está claro, fue pasado por alto. La Uniacc buscó a personas que nunca pisaron una escuela, contrató ejecutivos de ventas para que los contactaran y hasta premió a sus alumnos regulares de que si matriculaban a “un Valech” recibían un 10 por ciento de descuento en el arancel. Total, la cuenta la pagábamos todos.
Pero fue, en definitiva, el ministerio de Educación el que permitió que esto ocurriera.
Otro punto importante es que si el Estado iba a gastar millonarios recursos para que personas que vieron sus derechos humanos violentados fueran reparadas por qué debía hacerlo en universidades privadas que, a la fecha de ocurridas esas situaciones, ni siquiera existían. ¿No debieron ser las universidades estatales las que brindaran el beneficio?
Miles de preguntas surgen hoy, nuevamente, en el tema y nos muestran, además, la fragilidad de la discusión respecto a esta materia, especialmente en el Congreso Nacional, donde las ideas o las propuestas no fueron analizadas ni proyectadas.
Basta con mirar la historia de la ley 19.992 para darse cuenta de que los legisladores, salvo para los discursos de rigor y la referencia a la época en que se produjeron las violaciones a los derechos humanos, no estaban preparados para un tema que también tenía elementos de futuro y que éste involucraba los recursos de todos los chilenos.
Hoy, cuando la situación se escapó de las manos, es poco lo que se puede hacer, salvo buscar las responsabilidades políticas y técnicas, investigar a fondo la maquinaria que pudo existir detrás de esta situación y velar porque nuestras leyes sean hechas con mayor rigurosidad y controladas una vez promulgadas.
Francisco Martorell: o eres ingenuo o como periodista que eres también nos quieres hacer creer que los «inocentes» del Ministerio de Educación (aquellos que tenían la obligación de fiscalizar el tema) «miraron para el techo»? Todos estaban al tanto de negocio redondo. Todos los involucrados en la estafa sabían de que forma podían conseguir los datos de los «becados» allí en el Ministerio del Interior, especialmente el rector o «mentor» de la inmoralidad, ese señor Farcas, que ya durante su paso por el Sence dejó una estela de dudas y amarres económicos bastante delicados, ¿Y que pasa de ahora en adelante? Farcas sigue siendo rector; las platas no se retornan jamás al fisco, la justicia no llegará jamás a encerrar a los violadores flagrantes de la ilegalidad (en buen chileno a los frescos raja) y los estafados seguirán masticando su miseria por siempre. Martorell: tírate firme y con nombres y apellidos sitúa a los saqueadores de las arcas fiscales, es decir, de aquellos que siguen enarbolando desde diferentes esferas la tan manoseada frase de la vocación del servicio público. No te das cuenta que estos tipos se repiten y repiten con sus «maniobras» en todos los ámbitos de la sociedad. ¿Sabes? en la cárcel (como lo dijo algún día un sacerdote jesuíta)están aquellos que menos roban…
Estimado Yemo, no creo que haya ingenuidad y menos hacer creer nada, máxime que fuimos nosotros los que denunciamos esto en 2007…algo que tu dices todos sabían… pero que la revista El Periodista lo escribió y con firma responsable. Al menos, en este caso, deja saborear una pequeña victoria. Nosotros cumplimos nuestra labor, no podemos hacerlo todo en la sociedad, son otros los que deben tomar la posta.
Inicio aceptando que la lectura de una cita textual en cualquier periódico del mundo es siempre incierta. El periodista en cuestión pudo haberla extraído de un contexto más amplio y explicativo; o el entrevistado estaba nervioso y ni quiso decir exactamente eso; o los micrófonos de indiscretos periodistas lo tensan; o un sin fin de argumentos a los que el entrevistado podrá convocar a la hora de la retractación.
Acepto en segundo lugar que la prueba INICIA no sólo deberá haber remecido la conciencia de quienes fueron sus víctimas, habrá remecido también la de sus victimarios. Sus victimarios, aquellos que los convencieron que en cuatro años de formación universitaria se podían construir las habilidades y competencias suficientes para calificar como maestros en Chile. Porque dígame usted una cosa, si en cuatro años la enseñanza media chilena y quienes hacemos clases allí debemos producir un adulto con las condiciones de conocer, saber hacer, y saber ser, ¿qué exime de semejante responsabilidad a las universidades?. Dicho de otro modo, ¿no puede hacer usted en su universidad, lo que yo hago en mi colegio, con menos medios?
Pero a pesar del supuesto inicial, lo que no se puede aceptar, es que un profesor universitario, decano de una facultad de educación, de la Pontificia Universidad Católica de Chile, declare que «…al tener transparencia y obligatoriedad de la prueba, no sólo se les entregarán más herramientas a quienes contratan a nuevos profesores, sino que se podrían generar estrategias que incentiven la calidad y la autoexigencia de los planteles…»
Señor Francisco Claro, pero si esa es la misma lógica con la que se alaba el subsidio a la demanda en el mercado de la educación: «más información y libertad de movimiento, generará decisiones inteligentes de los padres que castigarán a los colegios de malos rendimientos». ¿No ha leído usted los incontables informes que dan cuenta de la banca rota teórica de esa opción ideológica?; si los leyó, ¿cómo es que aspira a ocupar la misma lógica de mercado para el sistema universitario?
Pero aún más, de contrabando pretende hacernos creer que en una salida a la coreana en donde el Estado podría contratar al 20% mejor evaluado y aumentar los sueldos en base a los resultados, «la prueba INICIA sería un buen comienzo». Tal vez usted no leyó completo el famoso informe McKenzie, pero ningún país de OCDE donde los resultados se mantienen y perduran en altos estándares tienen el sistema de mercado que nosotros sostenemos con argumentos como los suyos.
Pero aún más, asumiendo las injusticias de mis declaraciones en torno a las posibles tergiversaciones que la prensa hizo de sus declaraciones, que incluyen el recorte y la descontextualización de las mismas, se hecha de menos la mirada autocrítica; alguien que diga, nos equivocamos, vendimos algo que no reconocemos; no hicimos suficientes esfuerzos. Se echa de menos la mirada autocrítica sobre el sistema infame que nadie controla y que sigue vendiendo ilusiones.
Finalmente una palabra sobre sus ex alumnos, los suyos y los del sistema completo: no es a ellos a quienes debieramos estar apuntando sino a las universidades chilenas que los formaron. Hacia ellos, futuros maestros de chilenos, el deseo que la educación continua y su espíritu los envuelva.