Corte desaforó a Iván Moreira
La Corte de Apelaciones aprobó el desafuero del senador UDI Iván Moreira, acusado de delitos tributarios por la entrega de boletas cuestionadas por alrededor de 38 millones de pesos para el financiamiento de su campaña electoral.
«Según detalló el presidente del tribunal de alzada, Miguel Vázquez Plaza, el pleno de ministros acogió por 22 votos la solicitud de pérdida de inmunidad parlamentaria de Moreira por delito tributario», señaló el Poder Judicial en un comunicado.
Otros siete magistrados votaron por rechazar la petición que la parte querellante hizo en marzo pasado.
Moreira, militante de la Unión Demócrata Independiente (UDI), facilitó nueve boletas falsas a tres contribuyentes del Grupo Penta en 2015 por una suma cercana a los 38 millones de pesos, lo que «ocasiona un perjuicio fiscal de alta entidad», señalaron los abogados.
Estas boletas de honorarios son falsas, ya que los servicios presuntamente prestados nunca se realizaron y la relación jurídica que se muestra en los documentos a los contribuyentes es inexistente, agregaron los demandantes.
Moreira es investigado en el marco del caso Penta, donde se indaga a dicho grupo de empresas por el financiamiento ilícito de campañas políticas, que se volvió público en 2013 y consistió en la utilización indebida de boletas falsas de honorarios y facturas para disminuir la base imposible del Impuesto a la Renta.
El legislador, quien ya había reconocido su «error» al solicitar dinero para su última campaña senatorial en la región sureña de Los Lagos, calificó de «oportunista» y «desprolija» la determinación de la justicia.
También añadió que hubo un «abuso político» de parte de la Fiscalía, y una «persecución».
En esta línea recalcó que «para que haya un delito tributario la persona se tiene que concertar con otra para recibir un beneficio tributario».
«Yo no he recibido ningún beneficio tributario, yo pedí ayuda a gente de derecha para que me ayudara en mi campaña, en un periodo establecido», dijo.
Durante los próximos días se darán a conocer los detalles de la resolución adoptada por la Corte de Apelaciones, que deberá ser ratificada o no por la Corte Suprema en un plazo de 60 días.
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