Municipios exigen urgencia para aprobar Proyecto de Ingreso Familiar de Emergencia
Desde la AChM llamaron a las "autoridades y parlamentarios a apoyar decididamente el actual proyecto de ley que permita cubrir en parte las necesidades más urgentes de la población, con una duración mínima de tres meses".
El pasado lunes 20 de abril el Gobierno anunció el envío del Proyecto de Ingreso Familiar de Emergencia, en la instancia el presidente Sebastián Piñera junto a los ministros de Desarrollo Social y Familia, y Hacienda hicieron el ingreso al Congreso de esta nueva medida.
Cabe señalar que, el monto del beneficio dependerá del tamaño del hogar y de la situación socioeconómica de la familia, disminuyendo a menor vulnerabilidad o a mayor porcentaje de ingresos formales en el hogar. «A modo de ejemplo, el bono alcanzará los $260.000 para una familia de 4 personas que no tenga ingresos formales e integre un hogar perteneciente al 40% más vulnerable de Chile durante la emergencia», mencionaron desde el Ministerio de Desarrollo Social y Familia.
Sin embargo, desde la Asociación Chilena de Municipalidades plantearon «contar con un ingreso familiar asegurado para las familias de nuestras comunas y que están viviendo la crisis, el confinamiento o la cuarentena. Contar con ello no solo es un recurso de subsistencia básica, sino también una ayuda para dinamizar las alicaídas economías locales, beneficiando al comercio y otras actividades».
En esa misma línea, llamaron a «autoridades y parlamentarios a apoyar decididamente el actual proyecto de ley que considera un ingreso familiar de emergencia, que permita cubrir en parte las necesidades más urgentes de la población, con una duración mínima de tres meses, con un monto fijo que tenga en consideración al menos la posibilidad de cubrir los valores de la canasta mínima familiar para la línea de la pobreza y con la cobertura que permita atender el extenso espectro de quienes lo están pasando mal en estos días».
Además recalcaron que «Los alcaldes, alcaldesas, concejales y concejalas estamos permanentemente solicitando se considere nuestra opinión y participación en las decisiones. No lo hacemos por presión ni capricho, sino porque recogemos la voz de nuestros vecinos y vecinas, de organizaciones sociales, de la comunidad en general, que acude a nosotros como el primer eslabón del Estado para demandar sus soluciones».