Osvaldo Contreras y Andrés Maira presentaron hoy un recurso de protección en contra del ministro de Salud, Enrique Paris, en representación de un grupo de abogados, destacados en la plaza y mayores de 75 años, quienes no quieren seguir confinados.
El libelo, que alude a lo dispuesto por el artículo 20 de la 28 Constitución Política y el Auto Acordado de la Excelentísima Corte 29 Suprema de fecha 24 de junio de 1998, señala que la medida del Minsal es arbitraria, ilegal y discriminatoria.
Los reclamantes, todos habitantes de las comunas de Las Condes, Vitacura y Providencia, Roberto Mayorga Lorca, Domingo Hernández, Guillermo Piedrabuena Richards, Hernán Bosselin Correa y el propio 6 compareciente, Osvaldo Contreras, señalan que la Resolución Exenta N° 591 del Ministerio de Salud, publicada en el Diario Oficial del 25 de julio de 2020, y de varias Resoluciones e Instructivos complementarios emitidos con posterioridad, disponen medidas «que, en forma abiertamente discriminatoria, arbitraria e ilegalmente, causan perturbación y privación, de legítimos derechos y garantías constitucionales de los recurrentes, en su calidad de personas mayores de 75 años de edad y residentes en comunas a las que dicha restricción se aplica, dada su condición actual en el estado de la Pandemia que afecta al País, derechos que tienen la capacidad, intención y necesidad de ejercer libremente, en particular, concurrir a trabajar, caminar, pasear y practicar deportes al aire libre, derechos que están establecidos en diversas normas de rango constitucional y en tratados internacionales suscritos y ratificados por Chile.
Dicen que dichas medidas arbitrarias, ilegales y discriminatorias, los obligan a mantenerse confinados e inactivos, agravándose el daño a su salud física y psíquica que han sufrido por el confinamiento total que les afectó hasta hace poco y del cual han quedado liberados todos los residentes en dichas comunas, salvo los pertenecientes a su condición etaria.
Con este recurso, los citados quieren que se declare que «las medidas contempladas en el Numeral 5 de la referida resolución, y todas las que con posterioridad han sido dictadas, manteniendo e incluso ampliando las medidas que discriminatoriamente restringen la libertad y otros derechos esenciales de las personas mayores de 75 años, situación en la que se encuentran los 16 recurrentes, son inconstitucionales y se determine que deben arbitrarse las medidas para que se dejen sin efecto de inmediato, en cuanto ellas afectan a los recurrentes».