Poder Judicial: 26 civiles y 11 agentes del Estado están en prisión preventiva tras 18-O

La autoridad determinó que entre el 16 de octubre de 2019 y el 16 de marzo de 2020 se ordenaron un total de 2.201 prisiones preventivas en causas de delitos que, según la metodología utilizada para este análisis, están asociados al período de agitación social.

La ministra de la Corte Suprema Gloria Ana Chevesich, explicó que del total de los detenidos, 2.180 fueron civiles, de los que el 82,4% presentan condenas anteriores. Además, de este universo, 26 se mantenían en prisión preventiva por al menos un delito relacionado al estallido social. En promedio, los imputados llevan 318 días en prisión preventiva y se estableció que en todas las causas se realizaron audiencias de revisión de la medida cautelar.

Las causas contabilizadas son por desórdenes públicos, interrupción de la libre circulación, lanzamiento de objetos en la vía pública con resultado de muerte o lesiones, robo en lugar no habitado, receptación,  incendio con peligro para las personas, robo en ocasión de calamidad o alteración al orden público, hurto en ocasión de calamidad o alteración al orden público, saqueo, maltrato a carabineros, crímenes y simples delitos sobre seguridad interior del Estado.

«La estadística está elaborada con criterios que al Poder Judicial le parecen pertinentes a la situación analizada y que son los mismos que se aplicaron para realizar el primer análisis pos estallido social en febrero del año pasado», agregó la ministra.

Violaciones a los DDHH

Del total de causas recopiladas por el Poder Judicial, el 1% correspondió a delitos imputados por el Ministerio Público a agentes del Estado por violaciones a derechos humanos. De lo 21 imputados, 11 se mantienen en prisión preventiva.

Al ser consultada sobre las diferentes cifras que entidades públicas han informado, la ministra explicó que pueden ser diferentes metodologías y universo de delitos: «Tampoco puedo descartar nada (…) desconozco qué parámetros o metodología de trabajo se recogieron para afirmar aquello. Desconozco qué tipo de delitos se consideró, el periodo que se analizó», señaló Chevesich.

Ante una posible connotación política de las causas, la vocera sostuvo que «los tribunales analizan considerando la presentación que hace el Ministerio Público, y también la alegación de la defensoría. Analizando los hechos que se dan a conocer en la audiencia respectiva dispone o no la prisión preventiva según sea pertinente conforme a la regla general que establece el artículo 139 del código procesal penal. No por una visión ideológica de los tribunales».