Fallo de la Corte de Santiago condena a exagentes de Estado por envenamiento a presos de la ex Cárcel Pública
La Corte de Apelaciones capitalina condenó a cuatro miembros en retiro del Ejército y un exfuncionario de Gendarmería por su responsabilidad en dos homicidios y cinco homicidios frustrados.
La Undécima Sala del tribunal integrada por los ministros Juan Manuel Muñoz Pardo, Jorge Zepeda y Fernando Carreño, confirmó la condena de 15 años y un día de presidio a miembros del Ejército en retiro Eduardo Adolfo Arriagada Rheren, Sergio Rosende Ollarzú, Joaquín Larraín Gana y Jaime Fuenzalida Bravo, en calidad de autores de los homicidios calificados y consumados de Víctor Hugo Corvalán Castillo y Héctor Walter Pacheco Díaz; y de los homicidios calificados frustrados de Guillermo Rodríguez Morales, Ricardo Antonio Aguilera Morales, Elizardo Enrique Aguilera Morales, Adalberto Muñoz Jara y Rafael Enrique Garrido Ceballos.
Por su parte, el ex alcaide del recinto penal, Ronald Bennett Ramírez, deberá pagar 10 años y un día de presidio, en calidad de cómplice de los ilícitos.
En el aspecto civil, el fallo ratificó la sentencia que condenó al Estado de Chile a pagar una indemnización total de $950.000.000 a las víctimas.
En el documento de sentencia, se detalla que los hechos ocurridos en diciembre de 1981, «son consecuencia de una planificación de inteligencia elaborada y llevada a cabo por agentes del Estado, que formaban parte de un régimen represor, cuya finalidad era la desarticulación y aniquilamiento, principalmente de grupos de izquierda, entre los cuales destacaba el MIR, al que pertenecían, ya sea como militantes o simpatizantes, 5 de las 7 víctimas del delito de homicidio calificado investigado».
Las víctimas que se encontraban privadas de libertad, fueron envenenadas por la ingesta de una sustancia derivada del microorganismo clostridiumbotulinum, que fue obtenida por el Director del Instituto Bacteriológico de Chile, desde Brasil, y luego derivada a un laboratorio secreto que operaba en calle Carmen N° 339 que dependía de la Dirección de Inteligencia del Ejercito (DINE). Ahí se obtuvo la cepa de la toxina botulínica, que fue introducida a la Cárcel Pública, donde le proporcionaron a determinados internos alimentación contaminada, lo que le provocó la muerte a dos de éstos, resultando otros 5 reclusos con lesiones de carácter grave.
«Los internos intoxicados fueron llevados a la enfermería del recinto penal el día 8 de diciembre de 1981, con la finalidad de ser examinados y atendidos de sus dolencias, pero no fueron atendidos ya que se indicó que padecían de una ‘gastritis aguda’, siendo devueltos a sus celdas. Sin embargo, por la presión de las familias de los internos solicitaron a través de alegaciones de la Vicaria de la Solidaridad, la presencia de un médico particular, lo que fue negado por el Alcaide quien le informo al fiscal de la Primera Fiscalía Militar que ninguno de los internos requería de atención médica, pues su estado de salud no era de gravedad», se indica en el documento.