Llaman al Presidente a abstenerse de nombrar delegados para problemas político-sociales
En la resolución, las y los legisladores recuerdan que nuestro ordenamiento jurídico-político entrega labores como las que se delegan a estos funcionarios a intendentes, gobernadores y ministros, que sí tienen responsabilidades administrativas y responden políticamente.
Este lunes se aprobó la resolución que tiene por objetivo que el Presidente de la República, Sebastián Piñera renuncie a continuar con el nombramiento de delegados presidenciales para solucionar problemas político-sociales.
De seguir con este requerimiento, dichas delegaciones recaerían en funcionarios que tengan responsabilidad política y administrativa conforme a nuestro ordenamiento jurídico, es la finalidad de la resolución 1469, aprobada por la Sala de la Cámara por 62 votos a favor, 40 en contra y doce abstenciones.
La idea fue planteada por los independientes Raúl Soto y Patricio Rosas, junto a las y los representantes del PPD, Ricardo Celis, Cristina Girardi, Rodrigo González, Tucapel Jiménez, Carolina Marzán, Andrea Parra y Patricia Rubio.
En sus consideraciones, el documento expone la labor realizada por los delegados presidenciales nombrados para La Araucanía y Macro Zona Sur, cuyas nominaciones y actuar han sido objeto de polémicas.
“Para muchos especialistas, no es claro que un Presidente de la República pueda delegar en un externo a la administración pública, a honorarios y sin responsabilidad administrativa, las facultades de que él está investido”, se plantea en el texto.
Se sostiene, asimismo, que “la estrategia de designar delegados presidenciales para atender asuntos de extrema complejidad en los distintos territorios del país, dejando recaer dichas designaciones en personas que no tienen más responsabilidad política y administrativa que la que emana de quien delega, no ha sido una forma de actuar político correcto”.
Se remarca que nuestro ordenamiento jurídico-político entrega labores como las que se delegan a estos funcionarios a intendentes, gobernadores y ministros, que sí tienen responsabilidades administrativas y responden políticamente ante el Poder Legislativo, por medio del mecanismo de las acusaciones constitucionales.