Australia deja pendiente por 90 días el fallo sobre extradición de exsecretaria de la DINA

Adriana Rivas, una exagente del organismo represivo, está acusada en Chile del secuestro agravado de siete personas.

El Tribunal Federal de Australia decidió hoy que emitirá en un plazo máximo de tres meses su decisión sobre la extradición de Adriana Rivas, una exagente de la DINA acusada del secuestro agravado de siete personas.

Así lo indicó la abogada Adriana Navarro, que representa a familiares de seis de las víctimas del secuestro de 1976 atribuido a Rivas durante el juicio de extradición que se sigue en Sydney a la exagente, detenida en Australia desde febrero de 2019.

En la audiencia de hoy, la jueza Wendy Jane Abraham abordó los 24 puntos en los que se basa la defensa de Rivas contra el fallo de una instancia inferior emitido el 29 de octubre y que accedía a la extradición de la chilena de 68 años.

Rivas, que trabajaba como niñera y limpiando casas desde hace tres décadas en Sydney, formó parte de la brigada de exterminio Lautaro de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA, policía secreta de Pinochet).

Llegó a ser la secretaria de Manuel Contreras, el máximo jefe del organismo represivo.

La mujer está acusada de participar en el “secuestro agravado” de Víctor Díaz, quien fuera subsecretario del Partido Comunista de Chile, en 1976, así como de varios integrantes del Comité Central del partido, entre ellos una mujer embarazada.

El abogado defensor de Rivas, Frank Santisi, se centró hoy en escudar a su clienta con la ley de Amnistía, aprobada el 18 de abril de 1978, que intenta proteger a los autores, cómplices o encubridores de delitos perpetrados durante la dictadura de Pinochet desde el 11 de septiembre de 1973 -día del golpe- hasta el 10 de marzo de 1978.

“Santisi argumentó que ese decreto sigue teniendo vigencia, aunque, según la versión del abogado, en los últimos años muchos jueces chilenos ignoran esta legislación”, informó la cadena de noticias pública australiana ABC. Según alegó el defensor de Rivas, con el pedido de extradición Chile estaría “invitando” a Australia a violar la Constitución chilena.

Asimismo, Santisi argumentó que Chile no ha probado que Rivas, quien niega los cargos, haya sido agente operativo de la DINA, ni que haya participado en el secuestro agravado de los siete miembros del Partido Comunista, delitos, sostiene el letrado, que ya habrían prescrito.

La abogada Navarro, por su parte, señaló que en la sentencia del 29 de octubre se recalcó que “los delitos de lesa humanidad no prescriben”.

Por su lado, el representante de la fiscalía australiana, que actúa en nombre de Chile, Trent Glover, se centró en responder aspectos técnicos y legales para insistir que la extradición de Rivas a Chile es procedente.

Glover criticó a Santisi por enfocarse en solamente dos testimonios citados en los documentos de la extradición y recalcó que está reconocido que la DINA operó “fuera de la ley”.

Todas las apelaciones presentadas por Rivas fueron rechazadas, y le juega en contra el haberse fugado de Chile cuando tenía una orden de arraigo para permanecer en nuestro país, desde donde se fugó clandestinamente vía Argentina para retornar a Australia.

El fallo de este proceso aún puede ser apelado ante el pleno de los magistrados del Tribunal Federal australiano, aunque solamente basándose en la posibilidad de que exista un error en la interpretación o aplicación de la ley, y es poco probable que llegue al Tribunal Superior, la máxima instancia judicial.

Tras agotarse la batalla legal en Australia, la última palabra de la extradición la tendrá la fiscal general del país oceánico, Michaelia Cash.

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