Justicia de Perú dictamina que Keiko Fujimori siga libre pero sin reunirse con sus colaboradores
Según la Fiscalía, Fujimori habría cometido presunto delito de lavado de activos al recibir dinero ilícito de la constructora brasileña Odebrecht para financiar su campaña a la presidencia en 2011.
La justicia de Perú declaró hoy infundado el pedido de la Fiscalía para que la candidata presidencial Keiko Fujimori vuelva a prisión mientras dure el proceso en su contra por varios delitos de corrupción, pero le impuso restricciones que le impedirán reunirse con sus colaboradores más cercanos.
El juez Víctor Zúñiga Urday «declara infundado pedido fiscal de variación de medida de comparecencia restrictiva por prisión preventiva contra Keiko Fujimori, acusada por lavado de activos y otros», informó el Poder Judicial a través de su cuenta de Twitter.
El fiscal Domingo Pérez, a cargo del caso, pidió que se le revoque el régimen de comparecencia con restricciones que pesa sobre la dirigente de Fuerza Popular y se le imponga prisión preventiva.
Según la Fiscalía, Fujimori habría cometido presunto delito de lavado de activos al recibir dinero ilícito de la constructora brasileña Odebrecht para financiar su campaña a la presidencia en 2011.
Pérez realizó su pedido al considerar que la investigada violó las normas de conducta de la comparecencia restrictiva al haberse reunido y comunicado con testigos involucrados en las causas que se le siguen.
El juez Zúñiga Urday consideró esto como cierto, pero rechazó el pedido por no habérsele advertido a Fujimori sobre la falta que estaba cometiendo a fin de que no caiga en infracción, consignó la agencia de noticias Sputnik.
El magistrado decretó también que Fujimori deberá seguir «un cumplimiento estricto de todas las medidas restrictivas» que se le impusieron cuando salió de prisión, y advirtió que «de no hacerlo se le dictará la preventiva».
Subrayó que las prohibiciones incluyen ponerse en contacto con cualquier testigo vinculado a los casos por los que es investigada, entre los que se encuentran Miguel Torres y Lourdes Flores.
Torres y Flores figuran entre los más estrechos colaboradores de la candidata en su pugna por la anulación de más de 200.000 votos emitidos en la segunda vuelta del 6 de junio.
La populista de derecha está bajo un régimen de libertad restringida tras haber estado en prisión preventiva desde octubre de 2018 hasta mayo de 2020 -en una cárcel, primero, y luego en su domicilio- mientras se investiga si lavó dinero que recibió de manera irregular para su campaña electoral de 2011.
La audiencia de hoy arrancó puntual a las 15 (17 hora argentina) de forma presencial bajo la conducción del juez Zuñiga y la asistencia de la procesada, su abogada, Giuliana Loza, y el fiscal Pérez.
El magistrado decidió que la audiencia fuera presencial a pedido de la defensa, pese a que estaba programada virtualmente por la pandemia de coronavirus, y en los exteriores del juzgado se agruparon decenas de simpatizantes de la hija del expresidente condenado por delitos de lesa humanidad.
Fujimori perdió el balotaje del 6 de este mes por escaso margen, según el escrutinio de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), pero su vencedor, el sindicalista de izquierda Pedro Castillo, aún no fue proclamado pues el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) no terminó todavía de resolver apelaciones presentadas por los partidos de ambos con respecto a actas de votación observadas o impugnadas.
Mientras tanto, la tensión sigue elevada en el país, donde miles de partidarios de ambos aspirantes marcharon el sábado para defender sus votos dos semanas después de los comicios. (Télam)