Gobierno catalán crea fondo para cubrir reclamos judiciales a independentistas
El gobierno catalán anunció hoy la creación de un fondo de 10 millones de euros (11,8 millones de dólares) para cubrir reclamaciones judiciales a sus trabajadores, en momentos en que el Tribunal de Cuentas español exige fianzas millonarias a varios ex altos cargos por el intento fallido de secesión en 2017.
El Fondo Complementario de Riesgos pretende «velar por la presunción de inocencia de cualquier trabajador público», explicó el consejero de Economía y Hacienda, Jaume Giró, al presentar el decreto.
El fondo impulsado por el gobierno independentista cubrirá las reclamaciones judiciales mientras no haya una sentencia firme que condene al trabajador.
El anuncio se produce cuando el Tribunal de Cuentas español, órgano fiscalizador del gasto público, reclama a decenas de ex altos cargos catalanes fianzas por un total de 5,4 millones de euros, por la promoción exterior del fallido proceso de independencia que culminó en 2017.
«No es dar diez millones a nadie», aseguró Giró. «Estamos diciendo de crear un sistema de aval y contraaval», por el que el gobierno catalán no estaría movilizando dinero público en favor de los encausados, aseguró el consejero refiriéndose a esos ex altos cargos.
Giró no especificó qué entidad privada estaría detrás de los avales, ni de qué partidas procederían los fondos que, en caso de sentencia firme, una vez celebrado el juicio, quedarían definitivamente en manos del Tribunal de Cuentas.
El alto tribunal comunicó su liquidación provisional hace una semana a los requeridos -entre los que están los expresidentes catalanes Carles Puigdemont (2016-2017) y Artur Mas (2010-2016)-, que deben depositar las cantidades en las próximas semanas.
Los fondos estarán retenidos por el Tribunal hasta que se celebre un juicio y haya sentencia.
Puigdemont presidía Cataluña cuando esta región del noreste de España celebró un referendo ilegal de autodeterminación el 1 de octubre de 2017.
El líder separatista y actual eurodiputado huyó a Bélgica horas después de una declaración unilateral de independencia en el Parlamento de Cataluña el 27 de octubre de 2017, neutralizada desde Madrid con la inmediata suspensión de la autonomía regional.
Por la tentativa independentista, nueve líderes separatistas fueron condenados a penas de entre 9 y 13 años de cárcel.
Todos fueron indultados hace dos semanas en el inicio de una etapa de acercamiento entre los ejecutivos de Madrid y Barcelona, que sufrió un nuevo golpe con la decisión del Tribunal de Cuentas, que ya había reclamado cantidades millonarias a los independentistas en causas anteriores.(Télam)
