Justicia española avala cartel electoral de Vox contra menores extranjeros
La Audiencia Provincial de Madrid desestimó hoy un recurso presentado por la Fiscalía, al que adhirió el gobernante PSOE, que solicitaba medidas cautelares contra el partido ultraderechista Vox para retirar carteles electorales contra los menores de edad migrantes durante las elecciones regionales del pasado mayo.
Los magistrados consideran que los carteles, que varios partidos políticos denunciaron que podía ser constitutivo de un delito de odio, son un «eslogan electoral» y no se puede considerar que represente unas «ideas a prohibir», mientras son admitidas otras «tan criticables o más que estas».
Los jueces agregaron que «con independencia de si las cifras que se ofrecen son o no veraces, los menores extranjeros representan un evidente problema social y político», según informó el portal de noticias Sputnik.
«La libertad de expresión comprende la libertad de crítica aun cuando la misma sea desabrida y pueda molestar, inquietar o disgustar», argumenta la Audiencia.
El cartel, colocado en la céntrica estación de metro de Sol, se convirtió en uno de los focos de atención en la campaña para las últimas elecciones autonómicas de Madrid.
La pancarta señala a los MENA (los menores extranjeros no acompañados) insinuando que estos copan ayudas sociales que supuestamente no llegan a los españoles.
Para ello, el cartel muestra la imagen de una señora mayor blanca y un joven negro con actitud amenazante, oculto tras una capucha y con un pañuelo tapándole la cara a modo de máscara.
Junto a esas fotografías se encontraba el eslogan «Protege Madrid, vota seguro». Además, entre ellos podía leerse el mensaje «un mena 4.700 euros al mes, tu abuela 426 euros de pensión».
El tema del costo que implica para el Estado la atención a menores vulnerables es recurrente en el discurso de la formación ultraderechista, que suele asociarlo a la idea de un problema de seguridad.
La región tutela a alrededor de 3.700 menores, de los cuales son extranjeros un 29% y en ese grupo, los que llegaron a España sin la tutela de un adulto son menos de 300, según las propias cifras de la Comunidad.
El uso de esas cifras en el cartel de la discordia es claramente engañoso, haciendo creer que esos 4.700 euros son un pago directo para los niños migrantes solos, cuando en realidad corresponde al costo de mantener plazas en un determinado centro de acogida, un servicio del que no solo se benefician menores extranjeros, ya que en Madrid el 71% de estas plazas son ocupadas por españoles.
Para la Audiencia el cartel se enmarca en «el contexto de la legítima lucha ideológica» de una contienda electoral, donde son habituales los «excesos verbales».
Ante estas afirmaciones, algunos integrantes del Gobierno de España manifestaron su desacuerdo con los magistrados de la Audiencia Provincial.
«Los niños y las niñas más vulnerables nunca van a representar un problema para nuestra sociedad, que haya quien los considere como tal sí que es un gran problema para nuestro país», dijo a través de Twitter la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, secretaria general del partido de izquierdas Podemos.(Télam)
