Parlamentarios de oposición firman carta en apoyo a ME-O y exigen que se respeten sus derechos políticos y ciudadanos

Entre los más de 150 firmantes destacan la exministra de Salud Helia Molina y los senadores José Miguel Insulza, Alejandro Navarro, Jaime Quintana, Adriana Muñoz, Juan Pablo Letelier, Francisco Huenchumilla, Guido Girardi y Rabindranath Quinteros. También apoyaron los diputados Karol Cariola, Gabriel Silber, Juan Luis Castro, René Alinco, Marcela Hernando, Fidel Espinoza y René González.

Más de 150 personas, entre senadores, diputados, alcaldes y dirigentes de distintas fuerzas de oposición exigieron, a través de una carta abierta, que “se respeten los derechos humanos de Marco Enríquez-Ominami, quién ha sido privado de sus derechos políticos fundamentales”.

Ello, luego que el fundador del partido Progresista -a través de los abogados Ciro Colombara, Aldo Díaz y Carola Cotroneo- recurrieran al Tribunal Constitucional para impugnar la norma incluida en la Ley 18.556 sobre el Sistema de Inscripciones Electorales y el Servicio Electoral, respecto a que no podrán sufragar quienes hayan sido acusados por delitos sancionados con penas aflictiva, y paralelamente, interpusieran un recurso de protección contra el Servel que busca que el excandidato presidencial pueda recuperar sus derechos políticos.

La misiva fue impulsada por el presidente del PRO, Camilo Lagos, y en ella los firmantes –entre los que destacan la exministra de Salud Helia Molina y los senadores José Miguel Insulza, Alejandro Navarro, Jaime Quintana, Adriana Muñoz, Juan Pablo Letelier, Francisco Huenchumilla, Guido Girardi y Rabindranath Quinteros- aseguran que “la justicia ha sido demasiado lenta con Marco”.

“Lo acusan desde hace años de delitos que los fiscales no han podido probar y de los que no ha podido defenderse en un juicio justo y frente a jueces imparciales. Como todos los candidatos presidenciales de nuestra historia democrática, Marco no tiene responsabilidad administrativa”, agregan los mismos.

Y mencionan que “la Convención Interamericana de Derechos Humanos ha sido clara: ningún imputado en un proceso penal puede ser privado, restringido o perturbado en el ejercicio de un derecho que la Constitución Política de la República le asegura, sin una aprobación judicial previa”.

En la misma línea, afirman que Enríquez-Ominami ha sido víctima de “lawfare” y enfatizan que la carta “es una forma de expresar, a través de la figura de Marco, nuestro respaldo a todos y todas aquellos a quienes los Estados han perseguido por el sólo hecho de pensar distinto y de atreverse a mover los límites”.

También firmaron la misiva los diputados Karol Cariola, Gabriel Silber, Juan Luis Castro, René Alinco, Fidel Espinoza, Raúl Leiva y René González; el gobernador de Antofagasta Ricardo Díaz, Gobernador de Antofagasta; la Constituyente Bessy Gallardo; David Morales, Secretario General Democracia Cristiana; Sebastián Vergara, Secretario General Partido Por la Democracia; y Jaime Coloma, Comunicador, entre otros.

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