El fiscal José Morales solicitó hoy una pena de 15 años de cárcel en contra del ex comandante en jefe del Ejército Juan Miguel Fuente-Alba por los delitos reiterados de malversación de caudales públicos y lavado de dinero.
Asimismo, el Ministerio Público -que ingresó este viernes la acusación- pidió 10 años y un día de cárcel en contra de la esposa de Fuente-Alba, Anita Pinochet, por ocultamiento del origen del dinero fiscal malversado.
Morales, además, pidió la incautación de cinco propiedades del matrimonio en caso de que sean condenados en el juicio oral.
Fuente-Alba está formalizado por lavado de activos en la investigación por malversación de caudales públicos vinculados al mal uso de los gastos reservados del Ejército por más de 3.500 millones de pesos.
Morales, de la Fiscalía Centro Norte, denunció que la pareja realizó maniobras de ocultamiento de dineros registradas entre 2010 y 2016, como se acreditó tras revisar un reporte de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), que advertía operaciones sospechosas dentro del patrimonio del general en retiro.
Rodolfo Hidalgo, quien estuvo bajo las órdenes del exjefe militar, declaró que la cónyuge de Fuente-Alba recibía usualmente 10 millones de pesos mensuales para la mantención de su vivienda cuando su marido era comandante en Jefe del Ejército.
La acusación contra el militar incluye un pedido de inhabilitación absoluta para cargos y oficios públicos, derechos políticos e inhabilitación absoluta para profesiones titulares durante el tiempo de la condena, y el pago de las costas de la causa.
En el escrito, la Fiscalía describió las conductas delictivas que le imputó a Fuente-Alba, quien se habría apropiado sistemáticamente de dineros provenientes de los gastos reservados que tenían otro propósito.
Tras seis años de investigación en las cuentas de la familia Fuente-Alba y dando trazabilidad a sus gastos, el Ministerio Público logró establecer cómo durante años se habría apropiado de dineros fiscales, reportaron los sitios de La Tercera y El Mercurio.
“Con el fin de ocultar el uso de estos recursos, el imputado instruía en forma verbal que se destruyera cualquier documento de respaldo que diera cuenta del verdadero destino de los fondos fiscales”, informó el fiscal.
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