ME-O pide a la Justicia que dé a conocer resolución por recurso de protección contra el SERVEL que le permitiría votar y ser candidato
A través de sus abogados Ciro Colombara y Aldo Díaz, el fundador del Partido Progresista envió una solicitud al tribunal de alzada para que falle respecto al recurso con el que busca recuperar sus derechos como ciudadano y su derecho a voto.
“Venimos a solicitar se falle el presente recurso de protección, en atención que ha transcurrido el plazo de dos días hábiles dispuesto en dicha noma para fallar el recurso”, dice la solicitud presentada este jueves por Marco Enríquez-Ominami ante la Corte de Apelaciones de Santiago, respecto del recurso de protección contra el Servel con el que busca recuperar sus derechos políticos y ciudadanos.
El escrito fue interpuesto a través de sus abogados Ciro Colombara y Aldo Díaz, en el cual se argumentan que se “ha vulnerado el derecho a no ser juzgado por comisiones especiales, consagrado en el artículo 19 N° 3”, por lo que, “el plazo aplicable para fallar el presente caso es de 2 días hábiles, el que ya trascurrió latamente”.
Enríquez-Ominami interpuso un recurso de protección contra del Servicio Electoral con el objetivo de que se le restituyan sus derechos políticos y ciudadanos, que le fueron suspendidos en el marco de la acusación en su contra por el denominado caso SQM.
Según argumentó ante el tribunal, la decisión responde a la orden del Servel de no permitirle la inscripción de su candidatura a primarias para la nominación al cargo de Presidente de la República por el Partido Progresista de Chile, ni a ningún otro cargo de elección popular en elecciones directas -en especial, el de Presidente de la República-, por considerar erróneamente que el recurrente, supuestamente, habría perdido la calidad de ciudadano con derecho a sufragio.
En la misma línea, el recurso agrega que el fundador del PRO “no está condenado”, argumentando que la suspensión a la que se alude es por estar investigado por delitos que “merecen pena aflictiva”.
Paralelamente ME-O presentó un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional, que busca impugnar la norma incluida en la Ley 18.556 sobre el Sistema de Inscripciones Electorales y el Servicio Electoral respecto a que no podrán sufragar quienes hayan sido acusados por delitos sancionados con penas aflictivas.