Justicia italiana suspendió la detención y extradición de Puigndemont
Está previsto que Puigdemont y sus abogados comparezcan ante los medios de comunicación para dar más explicaciones sobre la resolución judicial.
El tribunal «suspendió (el procedimiento) a la espera de que se decidan dos cuestiones preliminares ante el tribunal de la Unión Europea: la de su inmunidad y la de la última posición del juez español» sobre la extradición, explicó el abogado italiano de Puigdemont, Agostinangelo Marras, informó la agencia de noticias AFP.
Puigdemont quedó hoy en libertad después de comparecer ante el tribunal italiano con motivo del proceso de entrega que reclama el Tribunal Supremo de España, según confirmó el propio líder catalán en un mensaje en redes sociales.
La orden de detención fue emitida por España en 2019, pero según sus abogados, estaba suspendida a la espera de una decisión del Parlamento europeo sobre un recurso en torno de la inmunidad de Puigdemont.
El otrora presidente catalán manifestó que de la sala de audiencia donde estaba citado «solo podía salir una decisión justa» y confirmó que esta tarde podrá seguir el pleno del Parlamento Europeo desde Italia «porque la justicia sarda ha suspendido el procedimiento de extradición».
El exdirigente abandonó el tribunal poco después de las 15 (hora local) mostrándose «muy contento» con la decisión de la Justicia italiana, aunque evitó hablar a los medios de comunicación, informó la agencia de noticias Sputnik.
Según Marras, el tribunal de Sassari paralizó el proceso de entrega a petición de la defensa y la Fiscalía hasta que la Justicia europea se pronuncie sobre dos cuestiones pendientes en torno a la situación judicial del líder independentista.
Por un lado, el Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) debe pronunciarse sobre las medidas cautelares solicitadas por la defensa del expresidente para que le devuelva la inmunidad como eurodiputado, que el Parlamento Europeo le retiró en marzo.
Está previsto que Puigdemont y sus abogados comparezcan ante los medios de comunicación para dar más explicaciones sobre la resolución judicial.
También está pendiente la respuesta del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre cuestiones prejudiciales que planteó el juez instructor de la causa en España, Pablo Llarena, el jueves pasado, cuando remitió un documento a la justicia italiana en el que insistía en que las órdenes de arresto continúan vigentes y que el líder catalán debía ser arrestado y extraditado.
El expresidente gozó durante un tiempo de una inmunidad que fue levantada por las instancias europeas este año, una decisión que fue confirmada después por el Tribunal General de la Unión Europea.
El equipo legal del líder independentista presentó el viernes ante la justicia europea un pedido para recuperar su inmunidad parlamentaria.
Estas cuestiones se refieren a los motivos por los cuales la Justicia española puede reclamar la extradición del líder independentista, después de que los tribunales de Bélgica rechazaran entregar a España a otro político catalán huido en 2017, el exconsejero Lluis Puig.
Puigdemont fue detenido por las autoridades italianas en el aeropuerto de Alghero el pasado 23 de septiembre, cuando se disponía a asistir a un acto sobre la cultura catalana.
Después de pasar la noche en la prisión de Sassari, quedó en libertad sin cautelares y volvió a Bélgica para realizar sus labores como parlamentario europeo hasta la cita de hoy.
La del 23 de agosto fue la tercera vez que Puigdemont es detenido desde que huyó de España. La primera fue en Bruselas, a su llegada, y la segunda en Alemania, en marzo de 2018, donde los tribunales tardaron casi cuatro meses en devolverle la libertad total.
El caso en Cerdeña ocurre en un contexto nuevo, en plena distensión entre Madrid y Barcelona que se tradujo en la concesión en junio del indulto a nueve líderes secesionistas en prisión.
Puigdemont, quien vive en Bélgica desde fines de 2017, es reclamado en España por sedición y malversación de fondos relacionados con el proceso fallido de independencia.
En tanto, la sedición, delito del que lo acusa España, no figura en el código penal de Italia.
El Tribunal Supremo también falló en el intento de extraditar el expresidente catalán en 2018, cuando un tribunal de Alemania descartó entregarlo por el delito de rebelión que el juez Llarena le atribuye.