Justicia francesa intima al Gobierno a “corregir” desfase en cumplimiento de compromisos ambientales

La decisión judicial deja a "la libre apreciación del Gobierno" las medidas que debe tomar, pero fija un plazo de vencimiento para que esta corrección sea efectiva al "31 de diciembre de 2022, a más tardar".

La justicia administrativa francesa dio hoy la razón a un grupo de organizaciones de la sociedad civil en lo que se conoce como “el proceso del siglo” y ordenó al Gobierno de ese país “corregir” su desfase respecto al cumplimiento de los compromisos asumidos en materia de reducción de gases de efecto invernadero.

Así lo determinó el Tribunal Administrativo de París al fallar en favor de un planteo realizado por un grupo de ONGs -entre ellas Oxfam y Greenpeace- que, con el apoyo de 2,3 millones de ciudadanos que adhirieron con su firma al planteo, denunciado al Estado francés por la ausencia de políticas públicas para mitigar el cambio climático en el período que fue de 2015 a 2018.

“Hay elementos para ordenar al primer ministro y a los ministros competentes que tomen todas las medidas sectoriales necesarias para corregir el daño por la parte no compensada de emisiones de gases de efecto invernadero durante el primer presupuesto de carbono”, señala la sentencia, citada por la agencia de noticias AFP.

La decisión judicial deja a “la libre apreciación del Gobierno” las medidas que debe tomar, pero fija un plazo de vencimiento para que esta corrección sea efectiva al “31 de diciembre de 2022, a más tardar”.

El tribunal rechazó, sin embargo, la petición de una multa coercitiva de 78 millones de euros (90 millones de dólares) por semestre de retraso.

“Ganamos”, escribieron en Twitter Cecile Duflot y Jean-François Julliard, presidentes de las ramas francesas de dos de las organizaciones de la sociedad civil denunciantes, Oxfam y Greenpeace.

“A partir de ahora, los dirigentes están obligados a respetar los compromisos climáticos de Francia”, celebró a través de la red social Twitter Notre Affaire à tous, otro de los denunciantes.

Esta decisión es la última de una serie de condenas contra el Estado francés por sus faltas en la lucha contra el calentamiento global.

En julio pasado, la más alta institución jurídica francesa, el Consejo de Estado, ya había ordenado al Gobierno tomar medidas oportunas antes del 31 de marzo de 2022 en cumplimiento de los compromisos asumidos en el marco del Acuerdo de París en cuanto a la reducción de emisiones de efecto invernadero.(Télam)

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