Rectores de Universidades del Estado rechazan requerimiento de diputados Urruticoechea y Jürgensen
Reafirman, además, su "compromiso y el deber que tenemos como Universidades del Estado de propiciar espacios de reflexión crítica y formar profesionales que aporten al conjunto de la sociedad y que velen por la justicia social y el bien común".
Las rectoras y rectores de las 18 universidades del Estado manifestaron hoy su rechazo a la solicitud presentada vía oficio por los diputados Cristobal Urruticoechea y Harry Jürgensen, en la que solicitan información sobre “cursos, centros, programas y planes de estudio que se refieran a temáticas relacionadas con estudios de género, ideología de género, perspectiva de género, diversidad sexual y feminismo”.
En dicho oficio se solicita, además, individualizar a docentes que imparten estas asignaturas y los recursos destinados por cada institución, lo que nos parece una petición abusiva y con un fin persecutorio.
«En nuestra calidad de universidades públicas y de acuerdo con la legislación que nos rige, guiamos nuestro quehacer por los principios de equidad de género, respeto, tolerancia e inclusión, entre otros, los que debemos respetar, fomentar y garantizar, y que son vinculantes para todos los integrantes de nuestras comunidades. En este sentido, el desarrollo de programas que tengan como propósito avanzar en la inclusión y equidad de género nos permite construir una sociedad más democrática, justa, reflexiva y tolerante, que avance en la superación de las desigualdades que históricamente han afectado a las mujeres y las minorías en Chile y en el mundo, y contribuye a dar cumplimiento a los compromisos internacionales asumidos por nuestro país y a las exigencias legales establecidas recientemente en la ley que regula el acoso sexual, la violencia y la discriminación de género en el ámbito de la educación superior, por lo que estas instituciones perseverarán en su implementación», señala el comunicado.
Además, rechazan «la utilización de facultades públicas con miras a censurar, limitar o vulnerar tanto la libertad de cátedra, como la autonomía de nuestras instituciones, principios esenciales para el adecuado funcionamiento de los sistemas de educación superior en toda sociedad democrática, y debidamente reconocidos y resguardados en nuestra legislación».
Finalmente, en el comunicado dado a conocer esta tarde, reafirman su «compromiso y el deber que tenemos como Universidades del Estado de propiciar espacios de reflexión crítica y formar profesionales que aporten al conjunto de la sociedad y que velen por la justicia social y el bien común».