Juan Pablo Buono-Cuore, exfiscal: “No puede ser que personas detenidas por la revuelta, por la revolución ciudadana o el estallido social, lleven dos años y medio de prisión preventiva»

Alguna vez, pese a su apellido compuesto que en italiano significa Buen Corazón, la prensa lo denominó el Rottweiler del Ministerio Público.

Había ingresado como fiscal a comienzos del 2001 y se destacaba entonces por investigar a peligrosas bandas criminales. Ya en 2005, además, le correspondió intervenir como fiscal en el primer juicio oral de la Reforma Procesal de la Región Metropolitana.

Tras una denuncia calumniosa, del abogado de unos de los grupos que investigaba en 2008 contra él otros funcionarios de la fiscalía sur, fue designado en 2011 por el Fiscal Nacional como encargado de capacitar en todo Chile a su colegas en Investigación Criminal Inicial y Avanzado. En noviembre del mismo año fue designado como relator Interno de la academia de entrenamiento a fiscales en el ámbito de la Investigación Criminal Inicial y Compleja. En el mismo año se graduó de la Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos (ANEPE), organismo académico dependiente del Ministerio de Defensa como diplomado en el curso de Inteligencia en el Estado Contemporáneo, haciendo su tesina respecto de la instalación de la unidad intervención criminal temprana en la Fiscalía de Puente Alto.

Hoy y a 10 años de haber abandonado el ministerio público donde estuvo entre 2001 y 2012, se encuentra ejerciendo libremente su profesión, se ha acercado políticamente al Frente Amplio, al que adscribe en calidad de independiente luego de haber militado varios años en Convergencia Social. De ahí que sus opiniones y conocimiento sobre el futuro gobierno están bien fundadas: “Yo creo en esta generación que llegó al poder, creo completamente, los conocí”, asegura.

La seguridad. Es el tema que hoy está en la agenda pública y tiene varias aristas. Está el tema de la Araucanía… pero básicamente lo que más le importa a la población es el tema de la delincuencia, las bandas organizadas, las mafias, el narcotráfico. Tú estuviste ahí en la primera línea cuando fuiste fiscal, combatiendo a muchas mafias, ¿hay formas reales de enfrentar o vamos en un camino sin retorno donde cada vez vamos a tener menos herramientas para enfrentar a estos grupos que se han ido organizando en narcotráfico, ventas de automóviles, hasta secuestro?

Yo creo que el concepto a utilizar en una democracia es seguridad ciudadana. Esta no puede sacrificar los derechos fundamentales, es decir, nunca la aplicación de políticas de seguridad pública pueden pasar a llevar libertades o violar derechos fundamentales. Eso es lo primero, por tanto tiene que haber un equilibrio. A mí me gusta hablar de la seguridad con apellido, seguridad ciudadana es eso, es equilibrio entre seguridad y apego irrestricto de los derechos humanos. Ambas son importantes de proteger, tanto los derechos como la seguridad. Benjamín Franklin decía que todos los que rinden su libertad y derechos en pos de la seguridad, no tendrán ni merecerán ninguna de las dos. Por lo tanto, en ese sentido el equilibrio es muy importante.

Piñera fracasó en el control de la delincuencia, Piñera fracasa en controlar la violencia urbana, no solamente tiene una policía poco profesional, sino que tampoco se preocupó en cómo avanzó la delincuencia. Personalmente hace tiempo que no había visto tanta delincuencia, incluso en los 12 años que estuve como fiscal del Ministerio Público, y no solamente desde el punto de vista subjetivo de la percepción, sino que también objetivo. Lo importante en esto es una efectiva persecución penal del Ministerio Público, el Ministerio Público tiene que enfocarse en la violencia urbana con una muy buena persecución, pero esto no es nada sin una prevención que tiene que establecerse en forma efectiva de parte del gobierno. Prevención y represión, y resocialización, es lo más importante, y en ese sentido recalco lo que decía el Fiscal Regional Pérez Calaf en la última cuenta pública, donde señaló que la Fiscalía Nacional no ha redistribuido a los fiscales en forma equilibrada, existen pocos fiscales en lugares donde hay violencia y muchos fiscales donde no hay tanta violencia urbana, es decir, delitos callejeros, a eso me refiero; a diferencia de otros delitos que son los delitos financieros, lavado de dinero y corrupción, que también son muy importantes de investigar.

Yo creo que hay mucha violencia, creo que el gobierno de Piñera ha fracasado en el combate y en el control de la delincuencia, y creo que la fiscalía debería redistribuir y reorganizarse para una mejor y más efectiva persecución penal.

Ese es el diagnóstico, eso es respecto a la fiscalía, también la justicia debe hacer lo suyo, pero desde el gobierno, ¿cuál es el espacio que tiene para moverse a partir de marzo y dónde crees que debería focalizar las políticas en materia de seguridad?

Yo creo que es muy importante una coordinación efectiva del gobierno con la Fiscalía Nacional porque el que investiga los delitos es el Ministerio Público, el gobierno no investiga los delitos, el gobierno puede presentar acciones penales y colaborar con el Ministerio Público y trabajar conjuntamente con el Ministerio Público en la persecución penal. Por lo tanto, primero es una coordinación eficiente entre el gobierno y la fiscalía, segundo, yo creo que es muy importante establecer un sistema nacional de protección de víctimas, que las víctimas no dependan de las unidades del Ministerio Público o de pequeñas unidades de las municipalidades. Como existe un sistema nacional de inteligencia por ejemplo, que exista un sistema nacional de protección de víctimas en que actúen coordinadamente el gobierno con la fiscalía, eso es lo primero.

De hecho, la constitución política cuando consagra el Ministerio Público, la finalidad principal del Ministerio Público es proteger a las víctimas y el gobierno tiene que proteger la seguridad de las personas, porque si protege la seguridad de las personas pueden las personas ejercer sus derechos fundamentales, si no se protege la seguridad de las personas, ¿qué ejercicio de los derechos humanos pueden realizar? Por lo tanto, lo primero es establecer un sistema nacional de protección de víctimas, y de ahí construir una persecución penal efectiva, obviamente con colaboración de las policías y específicamente de la ANI. Ella es importante en la información que tiene que entregar el Presidente de la República para combatir la delincuencia con equilibrio entre los derechos fundamentales y la persecución penal eficiente.

Por tú experiencia, ¿la ANI alguna vez contribuyó a esa lucha directamente?

La verdad es que la ANI se ha preocupado tanto del secretismo que no sabemos cómo trabaja, no tenemos idea. Yo por lo menos, desde mi perspectiva no sé qué es la ANI, tengo idea del trabajo que hacen, que es procesar la información y convertirla en inteligencia. Lo que pasa es que la ANI, por definición legal es un asesor del Presidente de la República, no se relaciona solamente con el Ministerio del Interior a nivel institucional, el concepto de la ANI es asesorar al Presidente de la República, es una asesoría directa, es un asesor institucional directo al Presidente de la República. Eso es muy importante porque esa conversación fluida, ese diálogo es muy importante, porque la información tiene que ser ojalá semanal, en forma directa y también indirecta a través de documentos. Con eso también se puede enfrentar la delincuencia, es muy importante prevenir en este tipo de casos.  De hecho, en el programa del presidente electo, la prevención surge como importante, una prevención que pueda ser efectiva y pueda ser evaluada, porque a veces es difícil evaluar la prevención, ¿Cómo podemos evaluar la no comisión de delitos? Es difícil, pero hay que buscar mecanismos que permitan evaluar la prevención, y ahí se tiene que trabajar de forma coordinada, Ministerio Público, gobierno, y la ANI. La seguridad es un problema de Estado.

¿Cómo ves la sintonía entre el gobierno que va a asumir en marzo y las actuales autoridades del Ministerio Público? ¿Es posible llevar adelante eso que estabas planteando antes?

Yo creo que sí. Hay instancias de participación entre el gobierno y el Ministerio Público, se tiene que trabajar en forma conjunta, en base a confianzas y también de retroalimentación y que el gobierno considere necesario y haga una evaluación de cómo está funcionando la reforma y cómo está funcionando el Ministerio Público y el fiscal nacional aceptar sugerencias y solicitar no solamente recursos, como se suele hacer, sino que también reconocer los problemas, reconocer los errores, las dificultades de forma coordinada.

Yo creo que se puede trabajar muy bien y para eso tiene que haber, desde el Ministerio del Interior unidades que puedan relacionarse y coordinarse en forma efectiva con el Ministerio Público para la persecución penal.

¿No crees que sería necesario un paso al costado, por ejemplo, del Fiscal Nacional ya que el sector que gobierna ha pedido varias veces su cabeza?

Claro, lo que pasa es que el gobierno no le puede pedir la renuncia, es una decisión de Jorge Abbott en ese sentido y, obviamente si él considera que el Ministerio Público no ha cumplido las funciones y tiene una autocrítica con respecto al funcionamiento, debería renunciar. Ahora, como lo señalo, es una cuestión netamente personal, lo que sí, independiente de eso, más allá de si se pretende renunciar o no, es empezar a preparar ya, y ver cuál es el próximo fiscal nacional, más que de preocuparse de los últimos años que le toque a don Jorge Abbott. Preocuparse de quién se viene cómo fiscal nacional también es una tarea que tiene que ver el próximo gobierno.

¿Cuál es el perfil que debería tener ese fiscal nacional?

Yo creo que debe ser mujer, para mí una mujer empoderada que conozca la persecución penal, que no le tiemble la mano en la persecución penal de todo tipo, tanto el delito callejero y la violencia urbana, como también el delito financiero, aunque especial este último.

¿Ahí tendría que ser alguien del mismo Ministerio Público? ¿O de afuera?

Siempre es bueno que haya sido del Ministerio Público o que sea del Ministerio Público, por la experiencia, también es un respeto a la carrera profesional.

Tú hablaste recién de los problemas, una autocrítica, ¿a qué te refieres concretamente?

La reforma, primero que todo, fue una revolución jurídica judicial, en donde el poder que tenía el juzgado del crimen, que era investigar, acusar y condenar, cae y esos poderes se dividen, y siempre una división del poder es democrática. Por lo tanto, el Ministerio Público es una revolución jurídica, judicial, democrática, y obviamente la idea del Ministerio Público era acelerar los casos, que no duraran 10 años u 8 años, lo ha hecho, pero de todas maneras ahora los delitos cada vez demoran más en su solución. Si antes se podían resolver en 6 meses o 1 año, a veces duran 3, 4, 5 años dependiendo de la complejidad.

Pero de todas maneras ahora es mucho más expedita la justicia antigua que como era con el sistema antiguo, por lo tanto eso es bueno y es un paso adelante en cuanto a eficiencia.

Creo que los fiscales tienen bastantes herramientas para investigar, se han enfocado en la persecución penal a todo nivel, pero hay ciertas cuestiones que uno no está de acuerdo, como la politización de la fiscalía, de investigar a unos u a otros, es decir, en la misma situación a algunos sacarlos por suspensión condicional del procedimiento y otros perseguirlos hasta buscar su condena. Yo creo que esa es la única mancha negra que ha tenido la fiscalía del Ministerio Público, más allá de algunos errores puntuales de caos por ejemplo, que son comunicacionales o que han sido un fiasco. Por ejemplo, el Caso Bombas fue un fiasco, que fue llevado adelante con pruebas débiles, las personas estuvieron en prisión bastante tiempo, sin que fueran absueltos.

De alguna manera ahí se mezcló el tema de la presión política del Ministerio del Interior de la época, con un fiscal que las aceptó, ¿no?

Bueno, ahí, efectivamente, y con nombre y apellido lo puedo decir, Rodrigo Hinzpeter presiona al fiscal Peña y el fiscal Peña, una acusación que parecía cualquier cosa menos una acusación, se va a juicio, por una cuestión mediática, y después la acusación se va y la deja botada. Uno empieza algo mal y obviamente va a terminar mal o la mayor de las veces termina mal.

Yo estoy contento con los avances de la reforma, pero insisto, hay cuestiones que tienen que ir solucionándose y la mancha negra de estos años -a mi juicio- son dos: el caso Bombas y el tema de las causas políticas, que no se investigaron o terminaron de otra forma y que afectó a la clase política. Pero lo demás, la preocupación de la protección de las víctimas, hay profesionalismo detrás, hay fiscales que trabajan efectivamente 24/7, abogados asistentes que trabajan 24/7 y, también, muchos funcionarios administrativos que son los soportes de los fiscales. En ese sentido yo lo viví por dentro, por mi ejercicio profesional también lo veo y hay harto trabajo también.

¿Pero se deben realizar cambios?

Obviamente que se pueden hacer varias cosas, yo creo que la nueva administración del fiscal nacional que va a tener que asumir me parece que en dos años más, va a tener que enfrentar una nueva reforma dentro de la reforma.

Respecto al tema de la Araucanía, porque ahí, y en general el combate a los delitos, uno le adjudica muchas veces a los jueces que sueltan rápidamente, otros le adjudican a la policía que no es capaz de entregar las pruebas y otros a la fiscalía- ¿Es tan efectiva esa imagen que existe de que los crímenes en Chile se resuelven solos, como vemos que de repente la PDI entrega a algún culpable porque se entregó o porque ya era un hecho muy evidente, o no se resuelven nunca, como ocurre en los hechos en la Araucanía muchas veces?

Bueno, no existe el crimen perfecto ni la investigación perfecta de todos los crímenes…

Una abogada me decía que no existen los crímenes perfectos sino los crímenes encubiertos.

También, o puede ser: «no existen los crímenes perfectos sino las investigaciones deficientes», que también es una posibilidad. Yo creo que si los tribunales absuelven o consideran que no existen pruebas eficientes para condenar, es una decisión de tres personas, de tres jueces que evalúan lo que se desarrolla en ese juicio oral, y puede estar determinado porque la prueba es mala, el cómo se recabó la prueba, si es una prueba ilícita o ilegal o no concluyente para condenar. Me consta que la fiscalía realiza la mejor de las investigaciones, pero también depende de las policías, la policía también tiene que ser profesional en el tema.

Respecto a la Araucanía los que investigan tienen que ser conocedores del tema, no solamente del tema policial, también del contexto histórico. Tienen que ser mentes importantes que sepan investigar. Lo mejor de lo mejor en ese sentido, investigar con guantes blancos, eso significa con respeto a los derechos humanos y con eficiencia. Si es necesario demorarse, que se demoren todo lo necesario, pero no acelerarse y llevar sin pruebas a los posibles culpables o trucar pruebas, por ejemplo, eso en ningún caso. Por lo tanto, tiene que ser una investigación limpia, transparente, con guantes blancos, y convincente.

Creo que la policía debe profesionalizarse bastante y la fiscalía tiene que también profesionalizarse mucho. Yo conozco a Roberto Garrido, que es fiscal de la Región de la Araucanía, él tiene bastante capacitación, es relator de investigación dentro de la fiscalía nacional en general, conoce el sistema, es un excelente investigador y bueno, tendrá que ver la prueba y obviamente ahí el gobierno también tiene que ayudar, poner de lo suyo, entregar la información que disponga para que la fiscalía realice una buena investigación en ese sentido y no criminalizar a toda la región, sino que a los que cometen los delitos.

Juan Pablo, tu entraste el 2017 a Convergencia Social y has estado muy cercano al Frente Amplio en la discusión del programa del presidente electo respecto justamente a estos temas. ¿Cuáles aspectos de ese programa tú destacarías como urgentes y que efectivamente se puede realizar en el corto plazo?

Efectivamente, yo soy miembro del Frente Amplio, participé de Convergencia Social ahora por razones de estudio y de trabajo, soy independiente. Bueno, yo destaco principalmente en el tema de seguridad dentro del programa la urgente necesidad de aplicar políticas de prevención del delito eficientes, eso es lo primero, y una persecución de todos los delitos, en especial los financieros, lavado de activos y de corrupción. También destaco la preocupación por los menores infractores, en que también hay una política, y la idea es establecer un sistema nacional de protección de las víctimas. Se establece un nuevo sistema de control de armas, para inhibir la venta y el uso de aquellas, porque no basta con la Ley de control de armas, sino que tiene que haber una coordinación en la persecución del delito, en forma de persecución irrestricta, de sacar de circulación las armas y también de otras formas de establecer cierta amnistía de entrega de armas por ejemplo a las comisarías, las iglesias, sin que signifique una persecución penal de las personas. Yo creo que también es importante, limpiarse de armas, mientras menos armas posible es mejor.

 Pasando a otro tema, hay un nudo gordiano que algunos lo ven como algo muy difícil, que es el tema de los presos de la revuelta y cómo se va a resolver. Si no se resuelve a través de una ley del Congreso es una de las decisiones que va a tener que tomar Gabriel Boric a partir del 11 de marzo. ¿Cuál crees tú que es la forma de salir de este nudo gordiano?

Lo primero que hay que hacer es resolverlo. No puede ser posible que personas que estén presas por la revuelta, por la revolución ciudadana o el estallido social, lleven dos año y medio de prisión preventiva; eso no resiste análisis. Precisamente el sistema se estableció para evitar que las prisiones preventivas duren más de un año o dos años, o que duren lo menos posible, es decir, el Código Procesal Penal no mira con buenos ojos la extensión de la prisión preventiva, hay otros mecanismos que podrían haberse resuelto, por ejemplo un arresto domiciliario total, como medida cautelar es eficiente y eso descomprime también.

¿Y la justicia por qué no lo ha hecho? ¿Por la Ley de Seguridad del Estado o porque no tiene atribuciones?

Yo no estoy cerca de esos casos pero yo creo que va a depender también de los argumentos de la defensa, los argumentos de la Fiscalía, a la Fiscalía le va a interesar siempre que la persona siga en prisión preventiva, va a depender también de la eficacia de la defensa, si no le gustó lo que resolvió el tribunal de primera instancia se va a la Corte de Apelaciones y apela, sino presenta un recurso de amparo. Va a depender de esa dinámica el caso particular, pero yo creo que los jueces deben considerar el tiempo que las personas están en prisión preventiva.

Yo también tramité en el sistema antiguo, y en el sistema antiguo en el Código de Penal, había una norma que decía que los jueces deben considerar especialmente el tiempo que las personas están en prisión preventiva, y en la mayoría de los casos, ya sea un delito grave, las personas estaban en prisión preventiva un año máximo, un año y medio en promedio, ahora en el sistema nuevo que tienen que ser más garantistas se exceden a dos años. Por lo tanto, esto se podría haber resuelto a nivel judicial, y no politizar la discusión, pero bueno, si va a resolverse a nivel legislativo yo creo que habría que ver cada delito en particular, la forma de comisión y también debería incorporarse indemnización a las personas que han sufrido ese tipo de delitos

¿Pero tú en ningún caso estás por un perdonazo masivo?

No. Primero, yo estoy de acuerdo con el retiro de las querellas por la Ley de Seguridad Interior del Estado, pero que las retire no significa que la investigación siga…

Claro, pero podría terminar con el castigo de la prisión preventiva para gente que lleva más de dos años, salga…

Y si se retiran, modificarlo a arresto domiciliario total, por ejemplo. Los defensores tendrán que solicitarlo y ahí los jueces de garantía deberán tomar en consideración el tiempo que las personas están en prisión preventiva. Yo creo que hay harta responsabilidad de los jueces en ese sentido.

A horas de conocerse el gabinete del presidente electo, te pidieron algún nombre o recomendación para algún cargo, Justicia, por ejemplo…

No tengo ninguna llegada con La Moneda chica como se dice, solamente comentarios que incluso salen en el periódico. Siempre son los mismos nombres que se repiten, pero de ahí a asignarlos a algún cargo no, no tengo idea de quién puede ser el próximo Ministro de Justicia, pero seguramente va a ser una decisión bastante discutida. Tiene que ser una personas de trayectoria académica y práctica en materia de derechos humanos. También tiene que ser intergeneracional, de la generación del ’80 como generaciones anteriores. Una muy buena mezcla de viejos y jóvenes, como Colo Colo ’73 que tenía a Galindo, Chamaco Valdes y Carlos Caszely, entre otros, ese equipazo era una mezcla de viejos y jóvenes, y mira lo que hizo.

¿Cómo ves eso? ¿Eres optimista respecto al proceso que se viene? ¿Hay muchos nubarrones? ¿Crees que esto va a ser remar todos los días para que la corriente no lleve para otro lado?

Yo creo en esta generación que llegó al poder, creo completamente, los conocí. Toda esta generación que llegó tiene voluntad de trabajo desde el territorio hacía el país, creen en esta revolución cultural de ideas que se está instalando, tienen experiencia en el territorio, en el trabajo, político, movimientos sociales, se han perfeccionado desde el punto de vista académico y están haciendo gobierno.

Me encanta esta generación, son diferentes a la época de nosotros, obviamente, pero también necesitan de los viejos y de todo el país; el presidente electo tiene que ser el presidente de todos los chilenos y los que llegan al gobierno también, de todas las edades posibles. Pero los que comandan este nuevo gobierno son de una generación muy especial y tenemos para rato con ellos, hay que entenderlos y escucharlos. Llegaron al poder por algo, tengo harta esperanza que el trabajo que tienen lo van a realizar muy bien.