Diputado Manouchehri explica Chao Dicom en 1 minuto

El proyecto de ley “Chao Dicom”, que busca prohibir la comunicación de deudas impagas hasta el 30 de abril de este año, se votará en la Comisión de Economía de la Cámara este martes.

Antes de votar, la Comisión recibirá la opinión de diversos invitados; la Presidenta del Banco Central, Rosanna Costa; el profesor de Derecho Privado de la Universidad de Chile y ex director del Sernac, José Roa; el economista y ex Fiscal Nacional Económico, Gonzalo Escobar; el Decano de la Facultad de Economía de la Universidad de Chile, José De Gregorio; y el académico y abogado, Lucas del Villar.

Su autor, el diputado y presidente de la comisión Daniel Manouchehri, destacó que “hemos escuchado a distintos actores sociales, como a representantes de los usuarios y consumidores, la banca, académicos y organismos financieros. Conversamos del proyecto con el ministro de Hacienda Mario Marcel y el ministro de Economía Nicolás Grau, y esperamos que el Ejecutivo pueda apoyar esta ley que va en beneficio de millones de personas”, señaló.

Video explicativo de 1 minuto

La iniciativa “Chao Dicom” se ha planteado como un “borrón y cuenta nueva” por parte de medios de comunicación y columnistas. Con el fin de precisar los alcances del proyecto, el parlamentario socialista publicó un video de poco más de 1 minuto de duración.

“¿Qué es el #ChaoDicom? Es un proyecto de ley que hemos presentado, que busca dar una segunda oportunidad a las personas. El endeudamiento es un drama que golpea a emprendedores, empresas familiares, trabajadoras y trabajadores. Los registros de deudas son una barrera para salir adelante, buscar trabajo y emprender. Con el #ChaoDicom queremos ayudar a 5 millones de personas. Así reactivamos la economía, dándoles nuevas oportunidades a la gente”, expresa en el video, realizado con animación y texto en pantalla.

Principalmente, la propuesta contempla que los responsables de los registros no podrán comunicar los datos sobre deudas impagas antes del 30 de abril de 2022, siempre que el total de obligaciones impagas del titular sea inferior a $2.500.000. También establece importantes sanciones al uso malicioso de estos datos por parte de las entidades comerciales y bancarias, que van desde 1.000 hasta 2.500 UTM.