La portavoz de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, advirtió este martes sobre una posible «industria del sicariato» en el país, luego del caso de una enfermera que recibió 11 puñaladas en la comuna santiaguina de Las Condes.
“El tema del sicariato, desde el punto de vista penal, tiene tres variantes o tres aspectos que es bueno considerar. Primero, que muchas veces esto permite establecer autores del delito, que no son solamente autores materiales, sino autores intelectuales, aquellos que encargan el delito. Por otra parte, el hacer uso de terceros para cometer un delito como este, que claramente, es un intento de asesinato. Estamos en presencia de una persona que recibió 11 puñaladas, puede figurar dentro del proceso penal como una agravante de la conducta y, en tercer lugar, que evidentemente el punto de vista de la política criminal, estas situaciones es bueno revisarlas porque significa de alguna manera, y esto es una terrible desgracia, que empiece a haber una especie de industria delictiva donde personas ofrecen servicio delictivo de esta manera incluso se ha llegado a hablar hasta cuánto cobra este tipo de personas por cometer delitos, lo cual implica una diferencia del punto de vista del universo delictual y la forma en que este se está comportando”, señaló.
Destacó que no es rol de los tribunales perseguir estos delitos, pero que sí es posible agravar las penas cuando el Ministerio Público presenta pruebas contundentes de la forma en que se originó un ataque.
Sobre la existencia en Chile de bandas extranjeras criminales y el rol del Estado en su desarticulación, resaltó: “Es importante que estas situaciones no se salgan de control y en eso tiene que haber una acción conjunta de todos aquellos llamados a ocuparse del tema. Nosotros, como ya lo he dicho en muchas oportunidades, somos el último eslabón de la lista desde el punto de vista de las medidas que se deben tomar, porque los tribunales no son los que fijan políticas públicas respecto al tema delictivo, son los que aplican la ley respecto de aquellos casos en que se configuran delitos. Pero hay otras instancias previas que tiene que ver con la normativa vigente, con la investigación, con las políticas de seguridad, con el desbaratamiento de bandas delictivas, etcétera, que es una tarea que no le compete a los tribunales, pero que por supuesto, somos todos eslabones de una misma cadena que debe ser virtuosa justamente para evitar y para controlar esa delictualidad que va variando, porque del mismo modo que el derecho vigente evoluciona y que se van tomando una serie de políticas y posturas sobre una serie de temas, aquellos que trabajan fuera del derecho y que trabajan en contra del derecho también se abastecen de experiencias internacionales o de modos de que ellos piensan no es cierto, que pueden ejercer más efectivamente sus actividades delictuales”.
“Entonces, hay que actualizarse y proceder constantemente teniendo esa realidad también a la vista. Pero es un trabajo conjunto. Es un trabajo fino, que se tiene que hacer por todos los entes que participan en esta materia y por supuesto en los tribunales somos los destinatarios finalmente de esas decisiones y procuramos brindar en la mayor medida de lo posible toda la normativa que se nos brinde justamente para condenar aquello que resulten culpable de delitos tan deleznables como el que estamos refiriendo”, reflexionó.
La respuesta del Gobierno no tardó en llegar y fue el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, quien salió al cruce de la ministra del máximo tribunal, al tiempo que no quiso entregar muchos detalles de la investigación.
El funcionario llamó a dejar que el Ministerio Público haga su trabajo, y aseguró que no hará juicios previos de un caso que sigue en investigación.