Nada debe extrañarnos del diario El Mercurio en cuanto su tradición defensora de los intereses de los grandes grupos económicos. Es su más fiel representante y lo ha demostrado en diferentes períodos de nuestra historia. No vacila en subordinarse y recibir dineros de potencias extranjeras a través de la CIA como durante el gobierno del expresidente Salvador Allende, tal como quedó en evidencia con los documentos desclasificados de EEUU.
Durante la dictadura de Augusto Pinochet avaló violaciones a los derechos humanos. Denigró a luchadores sociales haciéndolos aparecer como terroristas en sus páginas mientras eran asesinados en falsos enfrentamientos. Sus fotógrafos llegaban rápidamente luego de ser telefoneados para retratarlos desangrados.
Esta vez, uno de sus asalariados organizó a un grupo de personas para oponerse a la propuesta de nueva constitución. No son demasiados, pero tienen poder comunicacional y dinero de los poderosos.
Investidos como intelectuales, sus argumentos no pasan de ser generalidades que explotan el miedo, el temor al cambio, pero son incapaces de profundizar en sus argumentos, entre ellos los derechos que adquirirían los pueblos indígenas, más concretamente quienes habitan el Walmapu de aprobarse la nueva constitución. Porque esas son las tierras que les interesan mantener a sus mandantes.
«Queríamos un reconocimiento a los pueblos originarios, pero no un Estado Plurinacional con Autonomías Territoriales Indígenas, que llegan a constituir un verdadero estatuto de ventajas frente a los chilenos y chilenas que no pertenecen a los pueblos indígenas», señalaron en un comunicado ampliamente difundido por la cadena de sus patrocinadores.
Esto es un verdadero descaro intelectual. Lo que ellos llaman ventajas no es más que la necesaria reparación que consagran los tratados internacionales a las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos, en este caso de genocidio físico y cultural implementado por el Estado chileno desde el siglo XIX.
Con desvergüenza explotan la ignorancia sobre el derecho internacional plasmado en la Declaración de Naciones Unidas sobre los pueblos Indígenas.
Dicho documento internacional firmado por Chile establece en su artículo 18 que estos “tienen derecho a participar en la adopción de decisiones en las cuestiones que afecten a sus derechos, por conducto de representantes elegidos por ellos de conformidad con sus propios procedimientos, así como a mantener y desarrollar sus propias instituciones de adopción de decisiones”.
El artículo 19 remacha que “los estados celebrarán consultas y cooperarán de buena fe con los pueblos indígenas interesados por medio de sus instituciones representativas antes de adoptar y aplicar medidas legislativas o administrativas que los afecten, a fin de obtener su consentimiento libre, previo e informado”. Este es el derecho internacional que rige desde el año 2007.
Lo que se defiende en el fondo y que no pueden o no quieren decirlo, son los intereses de las grandes empresas forestales instaladas durante el gobierno del general Augusto Pinochet y que han depredado el medio ambiente y las tierras del Walmapu.
Lo sorprendente es que una excanciller durante el gobierno del presidente Ricardo Lagos, Soledad Alvear, ex militante DC, se preste para difundir verdades a medias diciendo que «la plurinacionalidad es una decisión de la Convención muy compleja, ya que divide al Estado de Chile en diferentes naciones nos hace perder esa calidad de Estado unitario tan importante para nuestro país y nuestras relaciones exteriores».
Es difícil de creer que una abogada con la experiencia internacional de Alvear no sepa, por ejemplo, que España es un país plurinacional donde conviven diferentes pueblos con lenguas y costumbres distintas y ello no ha significado que haya dejado de ser un Estado Unitario.
Al contrario, los países que reconocen derechos a sus primeros habitantes como Canadá, son uno de los más prósperos del mundo, dado que la multiculturalidad enriquece y otorga certezas jurídicas a todas las naciones y sectores que componen un Estado. Implica a todos vivir en la armonía del respeto que comienza con la de los derechos irrenunciables e imprescriptibles del Derecho Internacional de los Derechos Humanos.
Las afirmaciones que subyacen en estos políticos del “rechazo” es validar la larga historia de más de 500 años que sitúa a los pueblos indígenas en lo más bajo de la escala de la organización social y por tanto incapaces de participar en la vida nacional, pues implícitamente se desconoce el alcance territorial y colectivo de sus reivindicaciones.
De ganar el “apruebo”, el desafío de nuestros gobernantes debiera ser avanzar hacia un Estado de Derecho que reconozca no solo sus tierras y practicar su lengua y sus costumbres, sino también incorporar sus tradiciones jurídicas.