¿Las autoridades municipales de Las Condes avalan la corrupción?

En diciembre de 2020, es decir, hace muchos meses, publicamos en este medio de prensa comprometido a todo evento con la probidad y transparencia, la columna de opinión «Las Condes: 25 edificios en altura ilegales y conflictos de interés», donde, entre otras cosas, se daba a conocer el Dictamen N° E58945/2020 de la Contraloría General de la República que declaró la ilegalidad del permiso de edificación N° 37 de fecha 29/03/18 cursado por la arquitecta Rocío Crisosto, como directora de Obras Municipales (DOM) de Las Condes a la Inmobiliaria Mirador Oriente S.A. para que construyera el proyecto aludido. Dicho permiso desconocía el perfil de 80 metros del área verde «Parque Canal El Bollo», pues parte del proyecto se emplaza allí, lo que se reiteró en el nuevo dictamen N° E108764/2021 de Contraloría.

La singulariza DOM reconoce que dicho «Parque Canal El Bollo» existe en el Plan Regulador Comunal (PRC) de Las Condes, pero omite decir que esa área verde es de uso público, conforme lo establecido en el artículo 5.2.3.4 «Avenidas Parques» del Plan Regulador Metropolitano de Santiago (PRMS), con lo cual se observa que este proyecto inmobiliario VIP intenta emplazarse en un espacio inundable que, para efectos prácticos, no le pertenece para su propósito comercial. Allí solo se permiten instalaciones recreativas y de esparcimiento al aire libre.

A pesar de que los dictámenes de la Contraloría son vinculantes para los servicios públicos de la administración, aunque no para el sector privado, dicha municipalidad aprovechando que ya habían transcurrido más de 2 años desde la emisión del acto contrario a derecho, ello según lo fijado en el artículo 53 de la Ley N° 19.880, no lo invalidó ni le exigió a la inmobiliaria que modificara el permiso con la idea de que éste se encuadrara en lo que había resuelto el ente fiscalizador.

Recordemos que el anterior alcalde, Joaquín Lavín, no hizo nada para que se regularizara la situación y la actual alcaldesa, Daniela Peñaloza, de su mismo partido político, continúa con el mismo comportamiento liviano de su mentor.

Ahora bien, las faenas del proyecto comenzaron en julio reciente, es decir, cuando el permiso de edificación ya estaba caducado por imperio del artículo 1.4.17 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC), motivo más que suficiente para que tanto este columnista como el médico Sebastián Andrighetti, en representación de las comunidades perjudicadas por dicho proyecto, por separado, nos dirigimos por escrito a los 10 concejales (las) expresándoles lo que acontecía, para que ellos ejercieran sus atribuciones exigiendo que ese negocio se apegara al marco regulatorio.

Pero la DOM argumenta que en base a las circulares DDU 429 y DDU 462 del Minvu, no aplicaba la caducidad del permiso a los 3 años de otorgado, debido a que los plazos contenidos en la OGUC estaban suspendidos por ciertos meses como consecuencia de la pandemia. Podría tener razón, pero ello es irrelevante si nos atenemos a lo resuelto por Contraloría en orden a que el permiso de edificación es ilegal.

Los concejales destinatarios de la interpelación eran Sergio Melnick, Julio Dittborn, Isidora Alcalde, Patricio Bopp, Catalina San Martín, Catalina Ugarte, Luis Hadad, Javiera Kretschmer, Marie Claude Mayo y Leonardo Prat. Solo el concejal Hadad y la concejala Alcalde, mostraron interés en analizar el asunto, Los otros 8, por negligencia o intentando que los dictámenes de la Contraloría no surtan efecto, enmudecieron totalmente.

Como un hecho asaz anecdótico, la DOM en su oficio N° 1028 del 24/08/22 dirigido a este columnista dice que en la materia del «Parque Canal El Bollo» ha dado cumplimiento a lo instruido por la Contraloría General de la República en sus Dictámenes N’ E108764/2021 y E58945/2020 (sic), a pesar de que en estos días, Pablo de la Llera, en su condición de Asesor Urbano de Las Condes, le contesta a su colega arquitecta Claudia Ruiz, Jefa del Departamento de Urbanización, que todavía hay asuntos pendientes en el aspecto del tratamiento del espacio público de este cuestionado proyecto.

En resumen, si todos los concejales, como un cuerpo colectivo honesto, llegaran a cumplir con sus roles fiscalizadores, la inmobiliaria de marras tendría que solicitar un nuevo permiso, aunque no sabemos qué sucederá finalmente. Está claro que, si los que mandan en Las Condes, admiten un nuevo hecho ilegal consumado, obviamente se deben cambiar los signos de interrogación del título de esta columna por signos de exclamación, ya que se evidenciará que la corrupción y la impunidad reinan en esa municipalidad del sector oriente de Santiago.