Mohammed VI: Rey visionario y defensor de los DDHH

Por Roberto León, abogado y exdiputado DC.

El compromiso voluntario del Reino de Marruecos con los derechos humanos se ha reflejado a nivel nacional en el impulso del proceso de reforma y en iniciativas audaces e innovadoras destinadas a consolidar los derechos y libertades fundamentales y a construir una sociedad marroquí democrática y modernista, respetuosa de los derechos humanos y de los valores universales de igualdad, pluralismo y moderación.

Así, al celebrar el 30 de julio el 23 aniversario de la entronización de Su Majestad el Rey Mohammed VI, cabe recordar que Marruecos ha emprendido un proceso continuo de revisión de su marco legislativo e institucional, con el fin de mejorar el rendimiento de las instituciones, consolidar el Estado de Derecho, la democracia y la buena gobernanza, y proteger y promover los derechos humanos, con vistas a mejorar la vida cotidiana de los ciudadanos en el marco de un enfoque inclusivo y participativo, y garantizar la armonización de las leyes nacionales con las normas y los estándares internacionales.

En 2004, Marruecos adopto un nuevo Código de la Familia audaz y ambicioso. Esta reforma histórica consagra el compromiso irreversible del Reino con la igualdad de género y los derechos de la mujer. Este compromiso continuó con el levantamiento de las reservas de Marruecos a la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer en 2008 y la adopción, en 2011, de una Constitución que consagra sin ambigüedad la igualdad entre mujeres y hombres en todos los ámbitos. Esta dinámica proactiva, inclusiva y participativa a favor de los derechos de las mujeres se ha visto reforzada por el liderazgo pionero de Marruecos en la elaboración de presupuestos con perspectiva de género y la adopción de estrategias gubernamentales a favor de la igualdad, como el Plan de Gobierno para la Igualdad.

Con el fin de reforzar el Estado de Derecho y la primicia de la ley, el país ha procedido a una reforma de la justicia destinada a reforzar los medios y las garantías para una mejor protección de los ciudadanos y la ampliación del espacio de las libertades públicas, así como a reforzar el mecanismo institucional de los derechos humanos.

Con el fin de reforzar aún más la independencia del poder judicial, el 18 de septiembre de 2017, Marruecos adopto la Ley 33.17 sobre la transferencia de competencias de la Autoridad Gubernamental encargada de la justicia al Fiscal General del Rey en el Tribunal de Casación en su calidad de jefe de la fiscalía, que sustituyó al Ministro de Justicia en todo lo relativo a la supervisión de los fiscales. Otras reformas están en marcha con la revisión del Código Penal, el Código de Procedimiento Penal, el Código de Procedimiento Civil y el Código de Comercio, con el fin de aplicar una política penal eficaz.

El Consejo Superior de la Magistratura (CSPJ), que tiene carácter de institución constitucional, vela por la aplicación de las garantías relativas a la independencia, el nombramiento, la promoción, la jubilación y la disciplina de los magistrados. La puesta en marcha efectiva del Consejo mediante la toma de posesión de sus 20 miembros el 6 de abril de 2017 marca una nueva fase en el proceso de reforma de la justicia marroquí, marcada por el establecimiento de un conjunto de medidas encaminadas a anclar el poder judicial como autoridad independiente de otros poderes.
Marruecos ha seguido reforzando los mecanismos nacionales de protección, en particular la reorganización del Consejo Nacional de Derechos Humanos, cuyas misiones se ampliaron en septiembre de 2019 con la creación de tres mecanismos de protección y prevención: el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumamos o Degradantes; el Mecanismo Nacional de Recurso para Niños Víctimas de Violaciones; y el Mecanismo Nacional de Protección de los Derechos de las Personas con Discapacidad.

Partiendo de la convicción de que todos los derechos humanos son universales, indivisibles e interdependientes, el Rey Mohammed VI lanzo en 2005 la Iniciativa Nacional para el Desarrollo Humano (INDH) como un plan integrado destinado a consolidar los logros políticos mediante la promoción de los derechos económicos, sociales y culturales de los ciudadanos y la lucha contra las disparidades sociales y territoriales, la discriminación y las desigualdades de género.

La tercera fase (2019-2023) tiene como objetivo principal apoyar a las personas en situación de precariedad, mejorar los ingresos y la integración económica de los jóvenes, y promover el desarrollo humano de las nuevas generaciones, con el fin de cumplir sus compromisos para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030. Marruecos presta especial atención a los derechos de las personas con discapacidad.

En cuanto a los derechos de las personas mayores, Marruecos ha establecido un sólido marco legislativo e institucional para su promoción, respeto y protección, en particular mediante las disposiciones pertinentes de la Constitución, la Carta Social del Consejo Económico, Social y Medioambiental, el dahir por el que se crea el Consejo Nacional de Derechos Humanos, el Código de la Familia y el Código Penal.

En el marco de la Estrategia Nacional de Inmigración y Asilo lanzada por Su Majestad el Rey en 2013, Marruecos está aplicando políticas y programas destinados a facilitar la integración de los inmigrantes legales, actualizar el marco normativo de la inmigración y el asilo, establecer un marco institucional adecuado y gestionar los flujos migratorios respetando los derechos humanos. Esta estrategia, dividida en 11 programas sectoriales y transversales, se rige por los principios de un enfoque global humanista, coherente y responsable, basado en los derechos humanos, el cumplimiento del derecho internacional, la cooperación renovada y la responsabilidad compartida.

Se creó también una Comisión especial para elaborar un nuevo Modelo de Desarrollo con el fin de identificar las prioridades y la forma de lograr los cambios previstos para 2035 en Marruecos. La Comisión presentó su informe en mayo de 2021, en el que se repasan todos los temas en juego y se enumeran las medidas que deben adoptarse para consolidar los logros del país. Con el fin de reforzar la buena gobernanza de aquel a 2035, el nuevo Modelo hace especial hincapié en la protección y promoción de los derechos humanos, sobre todo en los ámbitos de la educación, la justicia y la libertad.

A la luz de las lecciones aprendidas de la gestión de la pandemia, Su Majestad el Rey Mohammed VI puso en marcha la universalización de la cobertura social, un paso importante en la promoción de los derechos económicos y sociales, basado en cuatro pilares: la generalización del Seguro Médico Obligatorio, la concesión de subsidies familiares a todos los hogares, y una pensión en beneficio de la población activa no cubierta, y una indemnización por pérdida de empleo en beneficio de la población activa en paro.

Desde hace años, Marruecos ha asumido numerosos compromisos en favor de la juventud, en particular mediante la consagración de un lugar especial para los jóvenes en la Constitución, el llamamiento a los poderes públicos para que tomen todas las medidas necesarias para generalizar la participación de los jóvenes en el desarrollo socioeconómico, cultural y político del Reino, la adopción de una cuota de jóvenes en el Parlamento y el lanzamiento de la Estrategia Nacional Integrada para la Juventud 2015-2030.

El compromiso de Marruecos con la protección y promoción de los derechos humanos se refleja también en el fortalecimiento del marco institucional de los derechos humanos mediante la creación de numerosas instituciones como: el Consejo Nacional de Derechos Humanos; la Institución “Al-Wassit” -el Defensor del Pueblo-; la Delegación Interministerial de Derechos Humanos; la Autoridad para la Paridad y la Lucha contra todas las Formas de Discriminación; la Autoridad Nacional para la Probidad y la Lucha contra la Corrupción.

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