Ratificar el TPP11: Congreso a favor, activistas en contra y Gobierno reticente

El acuerdo fue firmado por Australia, Brunéi, Canadá, Chile, Japón, México, Nueva Zelanda, Malasia, Perú, Singapur y Vietnam y aborda distintas materias como derechos laborales, ambiente, propiedad intelectual, pequeña y mediana empresa y sistemas de arbitraje, entre otros.

(Por Francisco Bravo Atias / Sputnik).- El Senado de Chile retomó este miércoles el debate para ratificar el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (TPP11), luego de tres años que el proyecto no registró avances importantes en el Congreso. Todos los cálculos indican que están los votos para aprobarlo, pero las críticas al documento continúan vigentes.

El 8 de marzo de 2018, el Gobierno de la expresidenta Michelle Bachelet suscribió el acuerdo y el 17 de abril de 2019 la Cámara de Diputados lo ratificó. Solo restaba el trámite en el Senado, pero entonces surgieron las críticas de la izquierda y de los grupos ambientalistas, argumentando que algunas disposiciones del acuerdo lesionan la soberanía del Estado y la libertad para tomar decisiones frente a la inversión de empresas transnacionales.

Entonces vino el estallido social en 2019, comenzó el proceso constituyente en 2020 y el TPP11 quedó olvidado. Eso, hasta hoy. Se espera que la próxima semana, los senadores voten y finalmente, se ratifique a Chile como miembro oficial.

«No estoy de acuerdo con la ratificación de este tratado porque afecta los intereses del país en materia de resguardo y preservación ecológica», dijo la activista ambiental y exconvencional constituyente Ivanna Olivares. La activista aseguró que el acuerdo pone a Chile «al servicio de las grandes empresas transnacionales y de los inversionistas que quieren venir a explotar los recursos del país».

Olivares pidió al Gobierno, y en particular al presidente Gabriel Boric, que use sus facultades especiales para detener la tramitación del proyecto en el Senado.

«Cuando Boric era parlamentario se opuso a la ratificación y yo esperaría que esa coherencia se mantuviera. El presidente no debe olvidar que, en parte, él salió electo por el apoyo que le entregamos los grupos ambientalistas, generando un compromiso con la naturaleza que hoy no debe desconocer», señaló.

EL PLAN B DE BORIC

El Senado puso en la mesa el proyecto para discutirlo esta semana y se espera que sea votado la siguiente. Se necesitan solo 26 votos a favor de los 50 senadores en ejercicio para que el TPP11 sea ratificado, y se entiende que toda la derecha y la centroderecha respaldarán esta postura, cuyas bancadas suman 25 parlamentarios. Además, varios senadores de centroizquierda han manifestado estar a favor del tratado, y se calcula que los votos favorables podrían llegar hasta 36, o más.

En la otra esquina del ring político está Boric, quien como diputado fue un férreo detractor del acuerdo. Votó en contra cuando la Cámara de Diputados lo ratificó en 2019, utilizando una camiseta blanca con un colorido mensaje: «#NoTPP».

Es bien sabido que el mandatario no comulga con el acuerdo y muchos activistas le han pedido que utilice algunas de sus facultades para intervenir, como por ejemplo, aquella que le permite retirar del Senado un proyecto de acuerdo aprobatorio de un tratado u otro instrumento internacional, siempre que sea antes que se vote.

El triunfo del Rechazo en el plebiscito constitucional del 4 de septiembre, opción que Boric apoyaba, dejó al mandatario en una postura algo debilitada y sin mucho espacio para maniobrar en contra de materias como estas, donde existe un masivo apoyo de los parlamentarios. Si bien Boric no tiene contemplado intervenir directamente en la discusión legislativa, la ministra vocera, Camila Vallejo, aseguró que tienen un «plan b».

Según explicó Vallejo a radio Cooperativa, el Gobierno buscará postergar el trámite final del acuerdo, que es la promulgación. Este paso, que viene después de la aprobación en el Congreso, está a cargo del presidente y la idea es que no se concrete de inmediato, dándole tiempo a Boric para tramitar las llamadas «side letters».

Las «side letters» son un mecanismo que pueden usar los países miembros del tratado para aclarar ciertos puntos de manera voluntaria y no vinculante, lo que permitiría al Gobierno intentar adecuar algunos aspectos que, según su postura, no favorecen a Chile. «El foco del Ejecutivo está puesto en resguardar los intereses de Chile, sobre todo, frente a demandas de inversionistas extranjeros», afirmó la ministra.

CRÍTICAS AL TPP11

El punto al que se refirió la ministra Vallejo, de las demandas de inversionistas extranjeros tiene relación con un mecanismo que el TPP11 establece en su capítulo 9: el sistema de resolución de controversias. Este establece que, en el caso de que surja una disputa entre un inversionista y un Estado miembro, el particular podrá demandar al país ante tribunales internacionales.

Aunque esta es una de las principales críticas al TPP11, en la que los activistas aseguran que el país perderá «soberanía» ante entes particulares, quienes están a favor del acuerdo señalan que este mecanismo ya está contemplado en los tratados de libre comercio que Chile posee con casi todos los países miembros, por lo que la ratificación no significaría ningún cambio significativo.

Las organizaciones ambientalistas se quejan de que el capítulo que aborda la protección de la propiedad intelectual afecta en muchos aspectos a Chile, por ejemplo, señalan que las empresas privadas tendrán libertad para privatizar distintas variedades de semillas, lo que impediría el libre cultivo.

Esta protección a la propiedad intelectual también levanta alertas en materia de salud, pues se ha advertido que los medicamentos subirían de precio, ya que se afectaría la disponibilidad de los remedios genéricos.

El TPP11 fue firmado por Australia, Brunéi, Canadá, Chile, Japón, México, Nueva Zelanda, Malasia, Perú, Singapur y Vietnam y aborda distintas materias como derechos laborales, ambiente, propiedad intelectual, pequeña y mediana empresa y sistemas de arbitraje, entre otros.

Originalmente, Estados Unidos era uno de los países miembros, pero en 2017 el recién asumido presidente Donald Trump (2017-2021) firmó una orden para retirar a su país del acuerdo.

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