Lavado verde en el Estado

Por Victoria Uranga, periodista

El gato no puede cuidar la carnicería, este principio esencial se aplica también en espacios de participación ciudadana. Es necesario levantar todas las alertas cuando personas o grupos poderosos utilizan las instituciones para hacer lavado verde en contra del bien común. El Estado nunca puede estar al arbitrio de la ley del más fuerte, con más contactos, dinero o poder.

Un caso emblemático es la elección de Mauricio Moreno Sagredo como integrante del Consejo Consultivo Regional del Medio Ambiente de la Región Metropolitana para el periodo 2022–2024.

Hace unas semanas, el balance 2022 de Fundación Terram premió al mismo Moreno Sagredo en la categoría de Lavado Verde, como “el principal referente de los empresarios inmobiliarios cuyos proyectos de ‘barrios ecológicos’ fragmentan los ecosistemas bajo un manto publicitario de verde, creando núcleos extraurbanos por fuera de toda planificación territorial”.

El Consejo Consultivo Regional de Medio Ambiente de la Región Metropolitana se constituyó en agosto pasado con el empresario inmobiliario participando como representante de las organizaciones no gubernamentales sin fines de lucro “que tienen por objeto la protección o estudio del medioambiente”.

Su atuendo verde es la “Fundación para la Recuperación y Fomento de la Palma Chilena y Bosque Nativo”, creada por él mismo en 1997. Si bien sus memorias anuales no indican actividades de conservación, también le han servido para inmiscuirse en otros consejos de la sociedad civil, como los de Conaf y de los ministerios de Agricultura y del Medioambiente.

Sin embargo, en su faceta de empresario inmobiliario, dos de sus proyectos de parcelación, la “Reserva Ecológica Oasis de La Campana” y “Barrio Privado Lafquén”, ubicadas junto al Parque Nacional La Campana, tienen denuncias acogidas por la Superintendencia del Medio Ambiente por elusión al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA).

Entre las graves irregularidades ambientales que han afectado a la primera se incluyen la expansión desregulada del loteo (más de 2.100 parcelas proyectadas) creciendo en los últimos años hacia áreas originalmente planificadas como reserva o parque de conservación. Cortes de cerros y una extensa red de caminos que atraviesa laderas, quebradas y altera cauces de agua, hoy son parte del paisaje. En su construcción han destruido árboles nativos que forman parte del bosque de protección de la palma chilena, catalogada desde 2020 como especie en peligro.

En el 2016 una sentencia judicial había avalado la decisión de CONAF Valparaíso de rechazar totalmente el Plan de Manejo presentado por la Inmobiliaria Oasis de La Campana para parcelar nuevos sectores. El argumento fue que se intervenía “el hábitat de un Bosque Nativo de Preservación, del Tipo forestal Palma Chilena”.

Aunque el bosque sigue teniendo la misma categoría, en 2019 CONAF Quillota revirtió la resolución y autorizó intervenirlo. Coincidentemente, Mauricio Moreno y su hermano y socio Francisco —en representación de las organizaciones ambientales “Fundación Palma Chilena y Bosque Nativo” y “Así Conserva Chile”— integraban el Consejo de la Sociedad Civil de CONAF 2018-2019.

¿Cómo es posible que intereses contrarios a “la preservación de la naturaleza y conservación del patrimonio ambiental” sean parte de Consejos Consultivos llamados “a fijar normas de calidad ambiental”?

Un proyecto de ley que busca prevenir y sancionar el “Lavado Verde” fue ingresado mayo del 2022 y actualmente está en trámite en la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados. Debemos impedir que empresas o fundaciones con fachadas ecológicas engañen a las autoridades, traicionen la fe pública o perviertan el necesario rol del Estado en estas materias. Es tarea de todas y todo cuidar que el verde del Estado no destiña.

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