Gobierno de Boric rechaza críticas a la justicia por parte del Grupo de Puebla

"Respeto las instituciones, espero lo mismo de mis colegas", dijo el mandatario chileno sobre la declaración que firma, entre otros, el presidente argentino Alberto Fernández,

El gobierno calificó este jueves de «improcedente» una misiva del Grupo de Puebla, firmada entre otros por el presidente argentino, Alberto Fernández, que critica a la justicia chilena por el aplazamiento del juicio que involucra al exdiputado Marco Enríquez-Ominami.

«Nos parece que las declaraciones de esa carta son absolutamente improcedentes. El gobierno no solo respeta, sino que protege la autonomía del Poder Judicial y del Ministerio Público y nos parece que son impropias las declaraciones que están en esa carta», dijo la canciller chilena, Antonia Urrejola, en conferencia de prensa.

La ministra de Relaciones Exteriores añadió que habló sobre el tema con el embajador argentino en su país, Rafael Bielsa.

Asimismo, rechazó que esta situación afecte las relaciones bilaterales con Argentina

«Estas son situaciones que son puntuales, sin desconocer que nos parece que son absolutamente improcedentes las declaraciones en esa carta, pero eso no afecta la relación bilateral con Argentina, que es una relación que está muy robusta, y tenemos un conjunto de distintos temas que vamos a seguir trabajando», dijo.

El miércoles, el Grupo de Puebla publicó una carta en la que critica a la justicia chilena por el nuevo aplazamiento del juicio oral por el caso de corrupción y financiamiento ilegal SQM (Sociedad Química y Minera de Chile).

El caso SQM tiene como imputado, entre otros, al ex candidato presidencial chileno y fundador del Grupo de Puebla, Enríquez-Ominami. También al exsenador de la UDI, Pablo Longueira.

En la carta el grupo denuncia que desde 2015, Enríquez Ominami «viene siendo acusado por fiscales ligados directamente al expresidente de derecha Sebastián Piñera. Durante estos ocho años, Marco ha negado éstas acusaciones y ha pedido concurrir a un juicio justo, con jueces imparciales, donde pueda demostrar la falsedad de las acusaciones».

Los firmantes señalan que «fiscales con dedicación exclusiva y con gran apoyo mediático y financiero, han ido dilatando el juicio».

«Una justicia dilatada es una justicia denegada. La dilación del juicio vulnera gravemente los derechos básicos del líder progresista por el daño reputacional causado», afirman.

Entre los firmantes figuran también los expresidentes José Luis Rodríguez Zapatero (España); Ernesto Samper (Colombia); Rafael Correa (Ecuador); Martín Torrijos (Panamá); Evo Morales (Bolivia) y el excanciller brasileño y actual asesor internacional de Lula, Celso Amorin, entre otros.

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