Modificar el Código Penal sobre asociaciones ilícitas y terminar con las acrobacias mediáticas circenses sobre la delincuencia

Por Carlos Antonio Vergara, abogado y periodista.

La irrupción de una criminalidad cada vez más violenta y fuertemente armada no es un fenómeno exclusivo de Chile ni del gobierno del Presidente Gabriel Boric ni de ningún gobierno anterior en particular, sino que un problema global que se extiende hace décadas y es explotado en Chile políticamente con cinismo y del cual incluso se hace extorsión política, como salirse de la mesa de seguridad que había impulsado el Ejecutivo.

Hay que decir que una de las causales se encuentra en la diversificación internacional de las asociaciones criminales internacionales de tráfico de estupefacientes. Al ser desarticulados grandes carteles de la droga se han conformado estructuras criminales más pequeñas, algo así como pequeñas y medianas empresas dedicadas al rubro. Ello ha implicado que baje el precio de la cocaína y la heroína, según estudios internacionales. Lo mismo sucede respecto a las armas que ingresan ilegalmente a Chile y que provienen de conflictos civiles en el mundo que han concluído y terminan en manos la mafia del tráfico de armas.

El fenómeno, reciente en Chile, requiere numerosas intervenciones del Estado, porque es un problema multisistémico, entre ellas, modificaciones a nuestro Código Penal (CP) para enfrentar las asociaciones ilícitas. Una de ellas sería terminar con la rebaja del grado de la pena cuando el partícipe de una asociación ilícita tenga irreprochable conducta anterior.

El artículo 292 del CP señala que “toda asociación formada con el objeto de atentar contra el orden social, contra las buenas costumbres, contra las personas o las propiedades, importa un delito que existe por el solo hecho de organizarse”.

El 293 reza “si la asociación ha tenido por objeto la perpetración de crímenes, los jefes, los que hubieren ejercido mando en ella y sus provocadores, sufrirán la pena de presidio mayor en cualquiera de sus grados”. Esta exigencia de una estructura jerárquica se debiera eliminar porque resulta inútil al momento del juzgamiento y debiera explicitarse que la asociación ilícita la componen varias personas. Es decir, a partir de dos delincuentes.

Al respecto, debiera también clarificarse y no dejarlo a la interpretación, que la duración del grupo criminal que pretendía delinquir, no debiera tener importancia.

El concierto delictual es un hecho oculto, disimulado, prácticamente indemostrable directamente, por tanto se necesita dotar a la PDI de medios tecnológicos adecuados para cumplir su labor, pues de lo contrario, el principio internacional de la presunción de inocencia y el indubio pro reo, es decir, la obligación de probar se vería afectado.

Es decir, se necesita una la policía especializada que con pruebas actúe en concomitancia con las fiscalías, pues es preferible un culpable libre que un inocente preso.

¿Porqué no se logra avanzar ? Nada más y menos que por falta de recursos y personal especializado, en este caso la PDI y las fiscalías. Ambas se encuentran colapsadas. ¿ Qué se necesita ? Mayor presupuesto y ello se logra a través de más impuestos de los más ricos. Sin embargo, la oposición rechazó la reforma tributaria y enfrenta el tema con verdaderas acrobacias circenses como demoler las ampliaciones de las casas de narcos a sabiendas de que los financistas viven en Vitacura o Lo Barnechea. Desde el senado, otros proponen decretar estado de emergencia, al más puro estilo de Nayib Bukele.

La concertación para cometer delitos “debe estar suficientemente demostrada mediante la reunión de los delincuentes, los actos preparatorios independientes de toda tentativa o que lo hayan consumado, como la persistencia de sus reuniones. Estos elementos pueden ser recogidos mediante seguimientos (grabados), vigilancias, controles de identidad y elementos probatorios encontrados en sus domicilios, previo a la concretación del acto criminal, dice el jurista francés Serge Losappio.

Ojalá nuestros alcaldes y parlamentarios tomaran en serio las experiencias de otros países, especialmente europeos que enfrentan el problema con pleno apego al respecto a los Derechos Humanos y se terminaran los dramones que a diario vemos en los matinales y noticieros sensacionalistas.

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