Senadora Núñez (RN) pide al Ejecutivo presencia de FFAA en barrios críticos de Calama para resguardar a la ciudadanía
Tras los hechos ocurridos anoche en la ciudad minera, la representante de Antofagasta llamó al Gobierno a proteger sitios controlados por el narco con el apoyo de las FFAA –como en las fronteras del norte- o derechamente decretar un Estado de Excepción Constitucional.
La senadora Paulina Núñez dijo hoy que los hechos registrados en Calama durante las últimas horas confirman que el Plan Calles Sin Violencia “es insuficiente” e hizo un llamado al Gobierno a resguardar las ciudades y barrios más complejos a través de una ley de Infraestructura Crítica (IC) o un Estado de Excepción Constitucional “pero no podemos aceptar que en Chile se suspendan las clases en colegios porque hay balaceras, tal como está ocurriendo hoy en la Región de Antofagasta y hace poco en Valparaíso”.
La senadora RN afirmó que “la narcocultura que opera en Calama debe enfrentarse con inteligencia en todo el sentido de la palabra: hay que dotar de información y análisis a quienes corresponda para mejorar la toma de decisiones estratégicas y el Gobierno debe entender que el actual panorama requiere de respuestas mayores a las habituales”.
En ese contexto, la legisladora de Antofagasta pidió al Gobierno reforzar por ley la idea de que se permita resguardar como infraestructura crítica barrios y lugares de mayor peligro, de manera de contar con el apoyo de las FFAA, “porque el Plan Calles Sin Violencia es absolutamente insuficiente, el gobierno carece de una estrategia para controlarlo y eso el narco lo tiene claro”. Recordó que la reforma constitucional de IC estableció la protección de fronteras en el norte a través de un Decreto con Fuerza de Ley (DFL) y la Constitución exige que para la protección de la infraestructura crítica el Ejecutivo presente una ley para replicarlo en otros lugares, cuestión que no ha ocurrido y tampoco ha sido priorizado.
En caso de no hacerlo, dijo Núñez, “el gobierno debiera decretar un EEC, que es más extremo, pero a esta altura la opción que queda para dar mayor seguridad y tranquilidad a una ciudadanía que está cada vez más atemorizada y que prefiere renunciar a algunos derechos antes que vivir con miedo, ante un Ejecutivo que no prioriza la seguridad como lo exige la realidad”.