El exalcalde de Vitacura y dirigente histórico de Renovación Nacional, Raúl Torrealba, continuará en prisión preventiva en el anexo Capitán Yáber mientras se investiga su eventual responsabilidad en 29 delitos tributarios, fraude al fisco, lavado de activos y asociación ilícita.
“Con su actuar, a juicio del tribunal, socavó la confianza pública en sus instituciones democráticas y sus representantes, que tanto perjudica la estabilidad política del sistema democrático”, fueron parte de las palabras de la jueza.
Los otros imputados en la causa, el ex jefe de finanzas de las corporaciones “Vita”, Domingo Prieto Urrejola; la exdirectora (s) de Desarrollo Comunitario, Antonia Larraín, y los excontadores Arnaldo Cañas y Augusto César Silva, quedaron todos con prisión domiciliaria nocturna, arraigo nacional y firma mensual en la comisaría correspondiente a su hogar.
A Torrealba, quien está acusado por el presunto uso fraudulento de recursos fiscales destinado a los programas VitaSalud, VitaEmprende y VitaDeportes del municipio, la fiscalía le imputa ser el autor de los ilícitos de fraude al fisco, lavado de activos, delitos tributarios y asociación ilícita.
Según la fiscalía, Torrealba desvió dineros de estos programas para su beneficio personal y el pago de honorarios irregulares por servicios no prestados.
Por su parte, el Consejo de Defensa del Estado, al momento de fundar los presupuestos materiales y la necesidad de cautela establecida en el artículo 140 del Código Procesal Penal, sus abogados explicaron que la exautoridad municipal arriesga pena de crimen producto de la multiplicidad y reiteración de delitos que se le imputan, lo que justifique que se adopten las medidas necesarias ante el riesgo de fuga. “Concretamente el escenario punitivo que enfrenta el imputado es de pena efectiva”, dijo el coordinador de Litigio Penal.
Respecto de los presupuestos materiales de los ilícitos cometidos, el abogado Cristóbal Díaz sostuvo que las asociaciones comunales “fueron creadas por decretos municipales que, si bien aparentaban un fin de beneficio para la comunidad, también funcionaban como caja para servirse de recursos públicos”.
“Pocas veces se puede ver en este tipo de fraudes tan completa investigación y con tantos antecedentes directos de los hechos que pueden presumir la participación directa del exalcalde en esa verdadera máquina defraudatoria”, subrayó.
En esa línea y abordando la necesidad de cautela, el abogado Diego Acuña precisó que la exautoridad “habría liderado una organización criminal que tenía por finalidad defraudar al propio municipio a través de mecanismos que buscaban su propio beneficio y en contrapunto, perjudicar a la propia comunidad que lo había elegido en reiteradas ocasiones, a la que debía servir”.
Agregó que éste “abusó de su poder público para obtener un beneficio particular, todo lo cual da cuenta de graves y sistemáticos actos de corrupción, altamente nocivos para la institucionalidad municipal, pues socava las bases del sistema y ataca la confianza que la sociedad ha depositado en sus instituciones”.