Con la ley de delitos económicos y ambientales, Chile asciende a las ligas mayores

Por Patricio Herman, presidente Fundación Defendamos la Ciudad.

Todos sabemos que el presidente Boric promulgó esta indispensable ley el lunes 07/08/2023 y que hoy fue publicada en el Diario Oficial. Es un avance, en el ataque a la corrupción, que ya no se exigirá demostrar legitimación activa, es decir, tener un interés propio, para que los ciudadanos denunciemos las prácticas comerciales indebidas de las personas jurídicas en las instancias judiciales y administrativas.

La ley que combate los delitos económicos y ambientales favorece a los accionistas que no se involucran en las decisiones de las empresas, recogiendo las disposiciones de Basilea 3, vigente en Europa desde el año 2009, como lógica respuesta a la vergonzosa crisis subprime del año anterior, derivada de las acciones de especuladores bursátiles y de la Norma de Carácter General (NCG) N° 461 de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) que exige la solvencia que deben tener los bancos y las compañías de seguros.

El Banco Central y esa CMF tienen pleno conocimiento de una situación irregular en este ámbito producida en la región de Tarapacá, que el suscrito debió poner en conocimiento de la Contraloría General de la República en fechas 26/05/2023 con ingreso N° 163.631 y 31/05/2023 con ingreso N° 163.793, con motivo de haberse detectado ciertas «voluntarias equivocaciones» en la Seremi Minvu de Tarapacá, cuando se aprobó el Plan Intercomunal Costero de dicha región. Ese «error» posibilitó que algunos privados, con información privilegiada, gracias a esa gentil interpretación del aludido Seremi Minvu, obtuvieron en la comuna de Iquique varios permisos de edificación que vulneraban el marco regulatorio nacional asignado a las densidades.

La CMF debe velar por el cumplimiento de su NCG N° 461 de noviembre del 2021 y por ello manifestamos que ahora los directores de los bancos como sus gerentes generales tienen las penas del infierno si no evalúan bien los riesgos de las operaciones crediticias pues si no desean ir a la cárcel, tendrán que ser muy serios y cautos al prestarles dinero a sus clientes.

Entonces los proyectos mineros, agroindustriales, inmobiliarios, sanitarios y todos aquellos que pueden causar distintos perjuicios, con esta civilizada legislación, no pueden equivocarse, aunque sea de buena fe, como se ha justificado hasta ahora, debido a que también sus profesionales que actúan como proyectistas serán sancionados con la prisión.

Finalmente, este cambio que se produce en la manera de generar crecimiento económico es bienvenido, si lo miramos desde el punto de vista del interés general del país ya que, con esta ley, se busca el desarrollo sustentable, del cual tanto se habla y tan poco se practica. Por ello ha llegado la hora para que las asociaciones gremiales empresariales, tales como la Corporación de la Producción y el Comercio (CPC), Sociedad de Fomento Fabril (SOFOFA), Cámara Chilena de la Construcción (CChC), el propio Estado con sus distintas instituciones y todas las universidades se preparen adecuadamente para ponerse a la altura de las nuevas circunstancias.

Será difícil, sí, pero el influyente sector productivo, siempre respetando las leyes, deberá esforzarse para avanzar en el propósito de que los diferentes mercados funcionen correctamente con reglas parejas para todos, luego, existiendo competencia leal entre sus inversionistas, pues así se asegura que los recursos disponibles, sobre todo los cuantiosos que provienen de los fondos de inversión, sean asignados en los sectores económicos que efectivamente los requieran. Si ello llegara a suceder, la ley N° 19.300 de Bases Generales del Medio Ambiente, será siempre acatada.

Conforme a nuestra experiencia dejamos en claro que, hasta ahora, tanto la Contraloría, la Tercera Sala de la Corte Suprema como los tres Tribunales Ambientales, son órganos de excepción en nuestro país pues, como sus miembros son acabados conocedores y bienintencionados interpretadores de las distintas leyes, sus dictámenes y sentencias son inobjetables, aunque en algunos casos, ciertos interesados las cuestionen porque sus intentos de obtener ventajas económicas en sus negocios no fueron posibles.

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