La Contraloría dio a conocer ayer un informe de 80 páginas tras auditar los convenios entre la Seremi de Vivienda de Antofagasta realizados entre 2020 y 2023, destacando que hubo falta a la probidad en el convenio de 476 millones firmado con la Fundación Democracia Viva, vinculada a ahora ex militantes de RD.
Según el ente contralor no existen motivos para haberle entregado cuantiosos recursos a dicha fundación ni se realizó un proceso de selección técnico para encargarle un trabajo para el que no tenía experiencia alguna.
“No se aportaron otros antecedentes que acrediten la motivación de tal elección, considerando, además, la falta de concordancia entre el objeto de la fundación y las actividades que esta debía ejecutar y de su experiencia en ellas, relacionadas con el Programa de Asentamientos Precarios”, dice el informe dado a conocer por el contralor Jorge Bermudez.
La Contraloría detectó que el entonces Seremi, Carlos Contreras, parceló el convenio para evitar la accion fiscalizadora y vulneró el principio de probidad al no abstenerse de conocer y suscribir el contrato con Democracia Viva, considerando el vínculo de público conocimiento que mantenía con el representante legal de la fundación, Daniel Andrade, entonces pareja de la diputada de RD Catalina Pérez, y para quien Contreras, a su vez, había trabajado como jefe de gabinete antes de asumir en el gobierno.
La Contraloría, además, objeta en el informe la contratación por parte de la seremi de Vivienda de una docena de personas que al mismo tiempo prestaban servicios para las fundaciones que se habían adjudicado convenios -entre ellas Democracia Viva-, con el consiguiente manejo de información privilegiada y acceso a la revisión y control de gastos.
“Cynthia Cisternas estaba contratada por la Fundación Democracia Viva para llevar a cabo la función de analista de gestión financiera en dicha fundación. Ella se desempeñaba en dependencias de la seremi de Antofagasta y desarrollaba labores de revisión de las rendiciones realizadas por esa misma entidad privada”, señala el texto.
Jorge Bermúdez, entrevistado anoche en TVN tras conocerse el informe afirmó que estábamos frente a un acto de corrupción y admitió que “no hay ninguna posibilidad” de recuperar los recursos entregados a Democracia Viva. Explicó, junto con asegurar que el Estado en su conjunto falló en la fiscalización, que esto se debe a que no existen ni se exigieron boletas de garantías. “Ese es el gran problema”, puntualizó.