Por medio de dos resoluciones (645 y 646) aprobadas por la Sala de la Cámara, se hace un llamado al Gobierno a eximir del pago de la tarifa del transporte público a mayores de 65 años, así como a personas en situación de discapacidad.
En ambos casos, se plantea la medida en el contexto de la actual crisis económica. Además, se atiende la condición de vulnerabilidad de ambos grupos.
Respecto de los adultos mayores, se recuerda que, actualmente, representan un 11,9% del total de la población del país. Asimismo, se resalta que, para 2035, se espera que este grupo etario supere el 18% de la composición poblacional.
Se observa que, durante el 2020, el Gobierno de la época implementó una rebaja del 50% en las tarifas del transporte público de todo el país en beneficio de aquellas personas mayores de más de 65 años. Ello permitió, según destacan los autores de la resolución, que muchas personas pudieran redestinar estos recursos a otras necesidades.
Por ello, se estima pertinente impulsar una medida de similares características en el actual contexto de inflación. En este caso, se apela a extender el beneficio a todo el país en un 100%.
En cuanto a las personas con discapacidad, se plantea que poseen pensiones de invalidez o subsidios con montos precarios. Ello dificulta su situación económica y su plena inserción social.
Así, se propone eximir también a este grupo de la población del pago de la tarifa de transporte público.
La diputada Marta Bravo (UDI) impulsó ambas resoluciones. La acompañan en la firma de ambos documentos sus compañeros de bancada Sergio Bobadilla, Fernando Bórquez, Daniel Lilayu, Marlene Pérez, Natalia Romero y Renzo Trisotti. Respecto de la 645, también la suscriben Felipe Donoso, Gastón Von Mühlenbrock y Flor Weisse. En la 646, en tanto, se suman Eduardo Cornejo, Juan Fuenzalida y Marco Antonio Sulantay.