Acuerdo migratorio entre Italia y Albania alerta a organismos de DDHH

Los gobiernos de Italia y Albania han cerrado un acuerdo para la apertura de centros de recepción de migrantes en territorio albanés, en el marco de los compromisos adquiridos por la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, para reducir el flujo migratorio y cuya aplicación en la práctica ya comienza a generar dudas en organizaciones defensoras de los Derechos Humanos.

Meloni y su homólogo albanés, Edi Rama, suscribieron en Roma este «acuerdo estratégico», en palabras de la primera ministra italiana, que considera la medida como un paso adelante para reducir el tráfico de personas y, al mismo tiempo, garantizar la acogida de los migrantes que sí tienen derecho a «protección internacional».

El plan inicial pasa por trasladar a Albania a migrantes que lleguen a Italia tras atravesar el Mediterráneo y consistirá en el establecimiento de dos centros con capacidad para acoger a 3.000 personas. Italia se haría cargo de estas instalaciones, que podrían gestionar a 36.000 migrantes al año si las solicitudes de asilo quedan resueltas en apenas cuatro semanas.

El vice primer ministro italiano Matteo Salvini, líder de la Liga, ha celebrado el «paso concreto y significativo» para el traslado de migrantes, insistiendo en que «Italia no es el campamento de refugiados de Europa». «Tirana lo ha entendido (…), pero Bruselas no», ha zanjado en redes sociales.

Meloni se ha adelantado a las críticas sobre el encaje que la nueva medida puede tener en el ámbito de los Veintisiete y, en declaraciones al periódico ‘Il Messaggero’, ha defendido que el pacto con Albania tiene «un gran espíritu europeo», ya que implica a «una nación amiga de la UE» que, en términos prácticos «se comporta como si ya fuera» un Estado miembro.

La primera ministra también ha asegurado que su Gobierno informó del acuerdo a la Comisión Europea, que por ahora ha optado por la cautela. La portavoz comunitaria de Interior, Anitta Hipper, ha dicho desde Bruselas que están «en contacto» con las autoridades italianas para «conocer los detalles».

Los países, ha explicado la portavoz en rueda de prensa, pueden adoptar medidas dentro de su soberanía nacional, pero siempre «debe hacerse sin perjuicio de la aplicación del acervo de la política de asilo europea».

Más contundente se ha mostrado la ONG Médicos Sin Fronteras, una de las organizaciones que opera barcos de rescate en el Mediterráneo, para denunciar que las autoridades italianas buscan eludir las obligaciones que teóricamente les corresponden de acuerdo al Derecho Internacional.

Considera que «la denegación de acceso a suelo italiano, la tramitación extraterritorial de las solicitudes de asilo, la aplicación de procedimientos fronterizos acelerados y la detención de personas en un tercer país» suponen «un nuevo ataque al derecho de asilo», al tiempo que replican medidas de contención y disuasión que aumentan el sufrimiento de los migrantes y «han demostrado ser ineficaces a largo plazo».

MSF ha recordado casos como los del traslado forzoso de migrantes ordenado por el Gobierno de Australia a la isla de Nauru o, más recientemente, los intentos del Ejecutivo de Reino Unido por deportar a Ruanda a personas llegadas a suelo británico. Esta última medida, defendida a capa y espada por el Gobierno de Rishi Sunak, está pendiente del pronunciamiento final de la Justicia de Reino Unido.

El Ministerio del Interior italiano ha registrado este año más de 145.000 llegadas de migrantes y refugiados, mientras que la cifra de fallecidos en la zona central del Mediterráneo se acerca ya a los 2.200, según datos de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM). (Europa Press)