Poder Judicial admite «espacios de opacidad» en concursos de jueces y ministros

El pleno de la Corte Suprema, a raíz del caso Hermosilla, emitió un comunicado en el que señala que "se ha manifestado reiteradamente de manera favorable en orden a revisar el proceso de nombramiento de los miembros de la judicatura".

«Esta Corte se ha manifestado reiteradamente de manera favorable en orden a revisar el proceso de nombramiento de los miembros de la judicatura, como lo hizo presente al informar el Proyecto de Ley que crea la Comisión Nacional de Nombramientos Judiciales y modifica el sistema de nombramientos en el Poder Judicial, y ha instado por cambios en el sistema, en los procesos constituyentes recientes, particularmente, en lo que se refiere a separar la función jurisdiccional del gobierno judicial».

Así reaccionó hoy, a través de un comunicado, la Corte Suprema «ante las diversas publicaciones de los últimos días relativas a presuntas influencias en los nombramientos en los cargos del Poder Judicial».

En el comunicado de 4 puntos, además de explicar la forma en que la Constitución Política contempla la participación de los tres poderes del Estado en el nombramiento de los ministros y ministras de la Corte Suprema, el pleno del máximo tribunal dice estar «consciente» de que el sistema vigente «podría permitir algunos espacios de opacidad».

A raíz de eso, señalan, «esta Corte ha adoptado medidas en aras de velar por la objetividad y transparencia en los concursos para los cargos de jueces y ministros, entre las cuales se han afinado los procedimientos para ponderar, previo cumplimiento de los requisitos legales, la evaluación curricular y trayectoria profesional de los y las postulantes, y, en especial, la celebración de audiencias públicas para escucharlos en igualdad de condiciones. En torno a este punto, el Poder Judicial seguirá trabajando para mejorar la transparencia y rendición de cuentas».

La Corte, además, dice que «continuará ejerciendo sus facultades disciplinarias para corregir prácticas o conductas que infrinjan la normativa vigente, con el objeto de preservar su independencia y correcta administración de justicia».

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