Corte Suprema confirma condenas a militares en retiro por fraude al Ejército en arista Tecnodata

El máximo tribunal ratificó las penas contra cuatro exfuncionarios por falsedad en la administración militar tras un esquema de facturas falsas que permitió desviar más de $34 millones en recursos fiscales.

La Corte Suprema confirmó las condenas dictadas contra cuatro militares en retiro por su responsabilidad en el delito continuado de falsedad en materia de administración militar, en el marco de la arista Tecnodata del denominado “Fraude en el Ejército”.

En un fallo unánime, la Segunda Sala del máximo tribunal rechazó los recursos de casación presentados contra la sentencia de la Corte Marcial, ratificando así las penas impuestas a los acusados por hechos ocurridos en 2013.

La resolución confirmó la condena de Jozo Aurelio Santic Palomino a 5 años y un día de presidio efectivo, mientras que Clovis Alejandro Ignacio Montero Barra, Claudia Priscila Morales Pinilla y Yanira Margarita Valdebenito Arce recibieron penas de 3 años y un día de reclusión, las cuales fueron sustituidas por libertad vigilada intensiva por el mismo período.

El fallo señala que los recursos presentados no cumplían con los requisitos necesarios para invalidar la sentencia, ya que buscaban cuestionar la calificación jurídica de los hechos sin ajustarse a las causales legales de casación.

Según la Corte Suprema, el recurso presentado por el Consejo de Defensa del Estado intentaba modificar la calificación del delito para que se considerara como ilícitos reiterados y no como delito continuado, lo que habría implicado penas más altas. Sin embargo, el tribunal determinó que ese argumento no correspondía a la causal de nulidad invocada.

Asimismo, el máximo tribunal rechazó los argumentos de la defensa de Santic Palomino, que buscaban su absolución alegando errores en la valoración de las pruebas. La Sala Penal sostuvo que el recurso no explicó de manera clara cómo las supuestas infracciones en la evaluación de los antecedentes habrían influido directamente en la condena.

Facturas falsas y compras inexistentes

De acuerdo con la investigación encabezada por la ministra en visita Romy Rutherford, los hechos ocurrieron en 2013 cuando funcionarios del Ejército solicitaron facturas falsas a la empresa Importaciones y Exportaciones Tecnodata S.A. para justificar supuestas compras de insumos computacionales.

Las facturas incluían ventas ficticias de cartuchos de tinta, tóner y otros suministros informáticos, que nunca fueron entregados al Ejército. Con esa documentación se tramitaban los pagos correspondientes utilizando fondos fiscales.

El mecanismo consistía en que funcionarios encargados de la Tesorería del Estado Mayor General del Ejército coordinaban con el proveedor los montos de las facturas. Luego se generaban órdenes de compra en el sistema Mercado Público y se firmaban actas de recepción que acreditaban falsamente la llegada de los productos.

Una vez pagadas las facturas, el proveedor retiraba el dinero y entregaba parte de los recursos en efectivo a los funcionarios involucrados o bien adquiría bienes distintos a los declarados —como televisores, computadores, tablets, cámaras o equipos de audio— que eran destinados a uso personal.

Según estableció la sentencia de primera instancia, mediante este sistema se logró pagar $34.001.256 de fondos del Ejército por compras inexistentes, generando un perjuicio directo al patrimonio fiscal.

Con la decisión de la Corte Suprema, las condenas quedan firmes y ejecutoriadas, cerrando una de las aristas del caso conocido como Fraude en el Ejército, una de las investigaciones más relevantes sobre corrupción en las Fuerzas Armadas en las últimas décadas.

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El Periodista