Funcionarios del Mineduc cobraron más de $360 millones por certificados escolares falsos

Según los antecedentes judiciales, más de mil de estos documentos sirvieron para la obtención de licencias de conducir en la región de O'Higgins.

Dos funcionarios del Ministerio de Educación (Mineduc) fueron formalizados tras ser acusados de un millonario fraude que consistió en la venta de certificados escolares falsos a ciudadanos extranjeros. Según la investigación de Radio Biobío, el esquema generó más de $360 millones entre 2020 y 2023, mediante la emisión de más de 5.500 certificados.

Estos documentos permitieron a algunos beneficiarios convalidar estudios, acceder a la educación superior o incluso obtener licencias de conducir en la región de O’Higgins, donde se exige acreditar estudios en Chile.

Según el mencionado medio, el entramado estaba liderado por Rodrigo Morales Pereira, funcionario de la Unidad de Ayuda del Mineduc, y su pareja, Constanza Garín, también empleada de la institución. Según la Fiscalía, ambos aprovecharon sus cargos para alterar los sistemas internos del ministerio, asignando años de estudio falsos y completando calificaciones con información inventada.

Además, contaban con un equipo de captadores externos, encargados de reclutar clientes y recaudar el dinero, quienes posteriormente transferían las ganancias a los funcionarios.

De acuerdo con los antecedentes judiciales, parte de los certificados emitidos por Morales y Garín —al menos 1.069— terminaron en la obtención de licencias de conducir. Las ganancias por el fraude fueron utilizados progresivamente para adquirir bienes como vehículos e inmuebles, incluyendo una casa valuada en más de 110 millones de pesos.

Funcionarios detenidos

Tras descubrir las irregularidades, el Mineduc abrió un sumario interno y realizó auditorías que confirmaron la falsificación de certificados. Los funcionarios implicados fueron inhabilitados y puestos en prisión preventiva, al igual que dos de los captadores venezolanos involucrados.

El caso continúa bajo investigación por el Ministerio Público, mientras se revisa la magnitud completa de la red de falsificación y su impacto en ciudadanos y trámites oficiales en la región.

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El Periodista