Trump ordena suspender cinco proyectos de energía eólica marina en EE.UU.
La medida afecta a todas las concesiones ‘offshore’ actualmente en construcción, entre ellas Vineyard Wind 1, desarrollado por la filial de Iberdrola en Estados Unidos. El Gobierno asegura que existen vulnerabilidades estratégicas y da plazo para evaluar mitigaciones junto a empresas y autoridades estatales.
El gobierno de Estados Unidos, encabezado por Donald Trump, ordenó la suspensión inmediata de cinco grandes proyectos de energía eólica marina en construcción, argumentando “riesgos para la seguridad nacional”. Entre los proyectos afectados figura Vineyard Wind 1, desarrollado por Avangrid, filial de Iberdrola, junto a Copenhagen Infrastructure Partners, considerado el primer gran parque eólico marino del país.
El Departamento del Interior explicó que la decisión se adoptó tras informes clasificados elaborados por el Departamento de Guerra, los cuales advertirían sobre vulnerabilidades asociadas a instalaciones eólicas a gran escala cercanas a centros urbanos de la costa Este. El secretario del Interior, Doug Burgum, afirmó que la prioridad del Gobierno es “proteger al pueblo estadounidense” y sostuvo que la medida responde a riesgos tecnológicos y estratégicos emergentes.
La suspensión incluye, además de Vineyard Wind 1, los proyectos Revolution Wind (704 MW), Sunrise Wind (924 MW), Coastal Virginia Offshore Wind (2.600 MW) y Empire Wind 1 (810 MW). Las autoridades indicaron que el parón permitirá trabajar con empresas y estados para evaluar si es posible mitigar los riesgos señalados.
Vineyard Wind 1, ubicado frente a Massachusetts, cuenta con una capacidad de 806 MW y estaba llamado a abastecer a más de 400.000 hogares y empresas. El proyecto, con una inversión cercana a los 3.000 millones de dólares, forma parte del desarrollo estratégico de Iberdrola en Estados Unidos, donde el grupo anunció planes de inversión por más de 16.000 millones de euros hasta 2028, principalmente en redes eléctricas.
Desde el inicio del mandato de Trump, el sector eólico marino ha enfrentado mayores restricciones regulatorias, con retirada de permisos, suspensión de autorizaciones y exigencias de revisión de concesiones. El Gobierno sostiene que las decisiones responden a criterios de seguridad nacional, mientras que la industria observa con preocupación el impacto sobre inversiones, empleo y metas de transición energética en el país.
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