Gobierno y manifestantes buscan acuerdo para salir de la crisis en Colombia

«Hemos avalado que se avance en diálogo para suspender o distender los cortes de ruta o concentraciones en el nivel territorial, y se están reduciendo. En ningún momento como resultado de la militarización o la fuerza de la policía», explicó hoy a Télam Percy Oyola, presidente de la CGT y uno de los principales negociadores.

En la misma línea, otro integrante del colectivo, el presidente de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode), Nelson Alarcón, manifestó: «Nosotros hicimos un desescalonamiento de los puntos de resistencia, como nosotros los hemos llamado. El Gobierno los llama ‘bloqueos’, los mal llamados ‘bloqueos’ Hay más de 40 puntos que se han suspendido».

«Es una demostración más de la voluntad» del Comité del Paro «para buscarle una solución negociada y concertada a este paro nacional», advirtió, citado por el diario local El Tiempo, previo al inicio de una nueva jornada de reuniones con el Gobierno.

La medida fue ratificada por monseñor Héctor Fabio Henao, uno de los mediadores de los diálogos junto a la ONU, que resaltó el esfuerzo del comité para facilitar los desbloqueos.

“Ha evolucionado. Ayer (lunes) constatábamos hacia las horas de la tarde más de 30 sitios donde se había logrado el desbloqueo, en la noche de dieron más. Venimos con una perspectiva importante de que se van dando pasos significativos”, informó el representante de la iglesia Católica.

El secretario general de la Asociación Colombiana de Representantes Estudiantiles (Acrees) y parte del comité, Cristián Serna, expresó que el colectivo no tiene conocimiento de todos los cortes de caminos que se desarrollan actualmente.

«Nosotros como no creamos los bloqueos, no podemos condernarlos. Trataremos de coordinar en la medida de lo posible su desescalamiento, pero hay muchos sobre los cuales no tenemos información siquiera. De los que conocemos, estamos tratando de intermediar para que siga habiendo corredores, o que dejen pasar a más personas, e incluso que no haya más», explicó Serna a Télam.

Este fue el requisito del Gobierno de Duque para avanzar en los diálogos con el Comité del Paro, bajo el argumento de desabastecimiento de alimentos, medicinas y combustibles en diversas regiones.

Hoy, ambas partes se reencontraban a partir de las 9 locales (las 11 en Argentina) en la mesa de diálogo, en una sede neutral en Bogotá, en busca de acercar soluciones a la crisis política que estalló el 28 de abril y que hasta el momento dejó 63 muertos y 866 civiles heridos según denuncias de organizaciones de DDHH.

Delegados de Duque y del comité, que reúne a sindicatos, estudiantes e indígenas, ya sostuvieron varias rondas de conversaciones que se iniciaron el 7 de mayo, sin alcanzar un acuerdo.

Un eventual acuerdo con esa organización es visto como un paso hacia desactivar la crisis, aunque no aglutina a todos los sectores descontentos con la gestión del impopular del derechista Duque, quien enfrenta la ira popular a un año de las elecciones de las que deberá salir su sucesor.

«Estamos listos para iniciar esa negociación», dijo ayer el delegado presidencial Emilio Archila.

El último encuentro entre los representantes fue el domingo pasado, dos días después de la jornada más violenta en la prolongada crisis, que reportó 13 muertes en Cali, mientras miles de personas conmemoraban en las calles el primer mes de levantamiento popular.

Ese mismo día, civiles armados con fusiles dispararon en presencia de la policía, lo que dio mayor impulso a denuncias previas de que fuerzas paraestatales están reprimiendo las protestas y Duque ordenó el despliegue de tropas en varios puntos del país bajo la figura de la «asistencia militar», que faculta al Ejército a apoyar las tareas de vigilancia de la policía, muy cuestionada local e internacionalmente por los abusos contra los manifestantes.

En ese contexto, y tras varios días de demora, la vicepresidenta y canciller colombiana, Marta Lucía Ramírez, anunció a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que el Gobierno espera su visita del 8 al 11 de junio para que evalúe la situación de derechos humanos en el país.(Télam)